En 2016, el actual presidente y entonces senador, Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de tenencia compartida elaborado por la organización Todo por Nuestros Hijos, grupo integrado en su mayoría por padres varones que reclaman por la tenencia de sus hijas e hijos. 

Basándose en este proyecto, en setiembre de 2020 las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, junto al exsenador también del Partido Nacional (PN) Sergio Abreu, redactaron un nuevo documento bajo el título de “Corresponsabilidad en la Crianza”. 

Por su parte, y sin diálogo de por medio, Cabildo Abierto presentó otro proyecto que se tituló “Tenencia Compartida Responsable”.

En principio, el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) se había mostrado reticente a la aprobación de estos proyectos -que terminaron por unificarse- pero finalmente el pasado martes en sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se presentó una nueva redacción producto de una negociación entre Asiaín y la senadora del PC Carmen Sanguinetti, que cuenta con la aprobación de toda la coalición.

La oposición, en tanto, se manifestó en contra y señaló, en la misma línea que especialistas y organizaciones, que es una “ley innecesaria que daña la infancia”.

Por su parte, el gobierno resolvió dar una semana de plazo al Frente Amplio (FA) para analizar el documento que se votará este martes en Comisión.

Un proyecto “justo, equitativo, moderno y necesario”

Según Marcel Montero, integrante de la agrupación Familias Unidas, colectivo honorario y que se define como “apolítico”, este proyecto trata de “equiparar” los derechos y las obligaciones “tanto de la mamá como del papá” en lo que respecta al niño, niña o adolescente en caso de separación.

Montero celebró la posibilidad de “reflotar” una propuesta que había quedado “encajonada” durante los gobiernos del FA.

Asimismo, calificó a la tenencia compartida como “un acto de amor y de equidad” donde lo “más importante” es lo que quiera el niño. “Esto no es para todos, es para quien lo pida y para quien no lo pida se le va a brindar un régimen de visitas en rango más equitativo respetando el concepto de corresponsabilidad en la crianza”, expresó y agregó que es “justo, equitativo, moderno y necesario”.

“Se habla de padres abandónicos. Hay papás que hoy quieren participar en la vida de sus hijos y van a un juzgado y son rechazados porque uno de los progenitores de repente no está de acuerdo o porque la concepción de la jueza -el 80 % son juezas- no está de acuerdo y cree que es malo para el niño”, lamentó.

Una medida que “desconoce la violencia”

Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia infantil y adolescente, advierte por la gravedad del contenido del proyecto y centra su análisis en lo planteado por el art. 35 BIS, literal B, del proyecto "Corresponsabilidad en la Crianza", que establece lo siguiente: “En caso de adaptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación de régimen de tenencia y su ejercicio. El juez únicamente suspenderá el régimen de visita vigente en el caso de que se encuentra en riesgo el interés superior del niño o adolescente, en tal el caso dicha suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica”.

La especialista reparó en que se habla sobre el principio de inocencia que rige para las personas que están acusadas de un delito, pero no del principio de protección y precaución que “tiene” que regir cuando se denuncia una situación de maltrato o abuso.

Condon se refirió a los datos de 2021 brindados por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia e indicó que fueron 7.035 las situaciones atendidas; el 20 % eran de abuso sexual y la mayoría detectadas en su fase crónica.

“Quiere decir que durante mucho tiempo niños y niñas eran abusados sexualmente adentro de sus casas por padres o por padrastros”, constató.

Enfatizó en que es “gravísimo” este proyecto de ley que “está pensado para esos que dicen ser injustamente denunciados” y “niega” las medidas de protección “mínimas” de un problema con “altísima” prevalencia en nuestro país.

“Es una ley violatoria de derechos que vulnera todos los principios de la normativa internacional y pone en riesgo a los chiquilines”, valoró y añadió que “desconoce el problema de la violencia hacia los chiquilines, les niega su derecho a su protección”.

La posición de Familias Unidas

En contrapartida, Montero se refirió a los casos de “violencia simbólica”.

“Los papás discutieron, se insultaron. La mamá levanta el tubo, denuncia y al padre le aplican una medida de alejamiento de la casa por tres meses o por seis meses; ese niño se pierde por una discusión de los papás, el contacto con su papá o su mamá y toda su rama familiar”, ejemplificó.

Asimismo, estimó que esto es “malo” para el niño y puede ponerlo “en peligro” porque “muchas veces la persona que denuncia es la que realmente está ejerciendo violencia y no va a estar la otra parte de la familia para controlar”.

Por otro lado, destacó que es “revocable”: “Si uno de los progenitores es tóxico y le está haciendo daño al niño, van a estar todas las instancias de apelación para revocar eso”.

En relación con esto, Condon sostuvo que “estos colectivos no presentan evidencia cuando dicen ‘fuimos afectados injustamente por la Justicia, somos víctimas de denuncias falsas’ y el Parlamento no chequea eso, no tiene información que los fundamente”.

“En caso de que hubiese alguna persona que haya sido afectada injustamente por la Justicia o por las demoras en la Justicia -que sabemos que las hay-, que se pongan a estudiar esos casos y que vean dónde están los vacíos”, manifestó y señaló que "si queremos una Justicia con mejores tiempos y mayor celeridad en el asunto, enfoquémonos también en invertir en recursos para que se haga bien y sea justa y llegue en tiempo y forma para todas las partes,  pero no exponiendo a los niños a los que dicen que no abusan".

Frente a la reacción de diversas organizaciones sociales y especialistas que rechazan el proyecto, Montero afirmó que “muchas” de ellas “viven del negocio de judicializar a los niños, de tener procesos largos, de generar alarmas sociales, de generar grietas”, y subrayó: “Son operadores judiciales”.

“Muchos de ellos dan cursitos, dan conferencias, viven económicamente, entonces no les sirve una solución que realmente mejore la vida de esos niños y acorte los plazos en los juzgados”, sentenció.

Al mismo tiempo, mencionó que el proyecto también apuesta a la mediación familiar “antes de pisar un juzgado”. “El proyecto lo dice bien claro: es muy importante tratar de que los adultos lleguen a un acuerdo y para eso se va a potenciar lo que es la mediación familiar”, explicó.