Pedro Bordaberry, candidato a senador por la lista 10 del Partido Colorado, presentó este lunes 10 propuestas sobre transparencia y ética pública.

La lista de propuestas, difundida bajo el lema “Las 10 de la 10 de transparencia total y ética pública”, enumera diez “medidas clave” para “mejorar la transparencia, rendición de cuentas, probidad, honestidad y la lucha contra la corrupción en los cargos públicos”.

Además, “persigue reforzar los mecanismos de control y ética en la gestión pública para garantizar una administración más transparente y honesta”, según informaron desde la lista.

Respecto al rol de los funcionarios públicos, la hoja de propuestas del colorado puntualizó cinco planteos: la prohibición para funcionarios públicos de alto nivel de desempeñar tareas de asesoramiento en empresas privadas (mientras estos operen en el sector público), la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, la suspensión de contrataciones de nuevos empleados en la administración pública por cinco años, prohibición del nepotismo y de que redes sociales gubernamentales puedan bloquear usuarios.

Ante el desempeño de tareas en empresas privadas por parte de funcionarios públicos de alto nivel, se propone que “el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y los subsecretarios de Estado, los directores generales de Secretarías, el director y el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como el secretario y el prosecretario de la Presidencia de la República no podrán ser dependientes, asesores, patrocinantes, auditores, consultores, síndicos o similares, de persona física o jurídica alguna, nacional o extranjera, mientras se desempeñan en el cargo público asignado”. De esto quedan “exceptuados las tareas en fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro o de docencia”.

En el caso de los cargos políticos de ministro, director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, director de Empresas Públicas o Servicios Descentralizados, deberán presentar un plan de gestión anual a través de la creación de un Instituto Parlamentario de Evaluación.

En casos de corrupción y nepotismo, la serie de propuestas establece que “los delitos relacionados con la corrupción no podrán prescribir”. En casos de nepotismo, “se prohibirá realizar designaciones y contrataciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Estado, que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja”, con todos los cargos públicos mencionados anteriormente.

Con el foco en los empleados públicos, el comunicado propone suspender por cinco años “la facultad de designación de funcionarios públicos en los escalafones que componen el Servicio Civil y de contratación de personal para su desempeño en régimen de dependencia en la administración pública, en similares tareas, salvo que sea para cubrir vacantes”.

De acuerdo con las demás propuestas, la lista 10 incluyó prohibir la publicidad para monopolios “salvo situaciones justificadas de forma expresa” y excluye aquellos que presten en régimen de competencia.

Todas las propuestas serán gestionadas por una “junta de transparencia y ética pública”, que operará bajo el Tribunal de Cuentas “para una mayor independencia técnica”.

Por último, los miembros de la lista se autoimpusieron la “obligatoriedad de rendir cuentas anualmente por parte de los funcionarios de Vamos Uruguay, incluyendo detalles sobre su gestión, viajes y cumplimiento de funciones”, además de aludir a medidas ya vigentes propuestas por dicho sector, como el delito de establecimiento ilícito.