Proclama del sí: votar rosado “es un voto por un Uruguay con igualdad de derechos”

La comisión por el sí, que pretende derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el referéndum del domingo 27 de marzo, llevó a cabo un acto de cierre el pasado sábado en el Velódromo Municipal.

Durante el evento que buscaba recaudar fondos para la campaña, hubo espectáculos musicales y artísticos y se leyó una proclama. La proclama fue leída por la actriz Gabriela Iribarren (perteneciente al Partido por la Victoria del Pueblo), donde señalan que “la campaña por el sí ha sido y es una gran gesta ciudadana, una afirmación de la democracia y un voto por un Uruguay con igualdad de derechos para todas y todos”.

En ese sentido, la proclama señala que la campaña tiene como protagonistas a “gente de pie” y que “cada vez que nuestro pueblo se mueve para defender sus derechos, las y los trabajadores de la cultura se hacen presentes desde el vamos”. “Artistas que desde sus múltiples disciplinas aportaron su creatividad y calidad interpretativa para comunicar nuestras razones”, dice el texto.

Además, se destaca que “desde la academia, la ciencia y el deporte, junto a múltiples organizaciones sociales y gremiales se han sumado cientos de hombres y mujeres a esta campaña.  Y también representantes de diversos partidos políticos, quienes fieles a sus convicciones y principios, soportaron con coraje las presiones y condicionamientos que vienen desde el poder económico y del Estado, con decisión y firmeza”.

Por otro lado, cuestionan la aprobación de la LUC “sobre más de 40 materias diferentes sin el estudio necesario, sin la participación de los actores sociales, académicos, especialistas o profesionales en temas fundamentales”. “Es un camino muy peligroso que debilita nuestra democracia. Legislar de esta forma, altera el equilibrio de los poderes del Estado e impide la necesaria interacción entre los representantes políticos y la sociedad en su conjunto”, asegura el texto.

“Nos oponemos al uso abusivo del instrumento de la Ley de Urgente Consideración. En este gobierno, y para cualquier gobierno futuro. Nos preguntamos: ¿hasta dónde se puede llegar forzando la Constitución en la cantidad de artículos y de materias incorporadas a una LUC? ¿Si esta LUC pasa, cuál será el límite para las próximas?”, añaden.

La comisión por el sí sostiene que “nada mejoró, en este tiempo de aplicación de la LUC, la vida de nuestra gente”. “Perdimos derechos y libertades ante la autoridad, y la inseguridad crece en forma constante y eso nos afecta a todos y todas. Muy especialmente a las más humildes y a los jóvenes. La gente lo vive, lo sabe y lo sufre”, afirman.

“Queremos anular estos 135 artículos porque además de injustos, han demostrado en el mejor de los casos ser inútiles, y en la mayoría de las situaciones un retroceso. En veinte meses los combustibles aumentaron un 36% lo que ha impactado en la canasta básica de productos, en el transporte y en toda la actividad económica, afectado fuertemente el consumo de nuestras familias. Si a ello le agregamos la inflación y dos años de caída de los salarios y las jubilaciones, podemos afirmar que la LUC ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida de nuestra gente”, señala la proclama.

Entre los artículos cuestiona que se incorpora “el desalojo exprés” y eso “ha aumentado la intranquilidad de las familias, exponiendo a mayor inseguridad a los hogares más vulnerables y erosionando aún más el derecho constitucional a la vivienda”. “Se decía que con estas medidas se volcarían al mercado de alquileres miles de propiedades y ayudaría a bajar precios, pero nada de eso ha ocurrido”, señala el texto.

Por último, advierten por “el ataque a las familias de los colonos, que a la larga pone en cuestión la existencia misma del Instituto Nacional de Colonización. El retroceso en materia de inclusión financiera, que promueve la corrupción a partir de los pagos en efectivo a los proveedores del estado. Que permite a los empleadores determinar cómo pagar los salarios, abriendo la puerta a la informalidad. Y deja de controlar las operaciones por importantes sumas de dinero en efectivo, dando libertad al lavado de dinero proveniente de la evasión tributaria o el narcotráfico”.