Procesado con prisión el médico José Braga Rosado, acusado de torturas en la dictadura

Este miércoles en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 11° Turno de Maldonado se llevó adelante una instancia judicial acerca del caso del médico fernandino José Luis Braga Rosado, señalado como autor de varios delitos durante la dictadura militar. En la instancia participaron el fiscal letrado de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y —por la defensa— el doctor Jorge Napoleone y la doctora María Virginia Martínez Martusciello.

Según informa la emisora puntaesteña FM Gente, la sentencia interlocutoria emitida en la fecha decreta el enjuiciamiento con prisión del profesional como “presunto coautor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso de autoridad y de lesiones graves” contra detenidos en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 de Laguna del Sauce durante la dictadura cívico-militar.

Durante la audiencia se estableció que surgieron elementos de convicción respecto a los hechos ocurridos desde el 27 de junio de 1973 hasta el año 1985, donde “en el departamento de Maldonado la represión tuvo lugar en el Batallón de Ingeniería N° 4”, dice el documento.

“En dicho lugar permanecían encapuchados, maniatados, incomunicados y sometidos durante días e incluso meses a diversos apremios físicos, como plantón, golpiza, submarino, picana eléctrica, colgamientos y caballete, entre otros, los que acompañaban los extensos interrogatorios”.

El texto añade que “se les limitó la alimentación, el agua y el acceso al baño para realizar sus necesidades básicas, en una clara violación de los derechos humanos con el único fin de que estos admitiesen su participación o vinculación a organizaciones o partidos políticos prohibidos por la dictadura”.

La sentencia detalla que en el período comprendido entre 1975 y 1985, el doctor Braga era quien se encargaba de revisar a los reclusos, realizando valoraciones médicas de rutina respecto al ingreso o traslado de un detenido, como así también los controles durante la reclusión en el batallón “teniendo pleno conocimiento de los aberrantes apremios a los cuales los detenidos eran sometidos”.

El documento incluye relatos de los denunciantes, quienes afirman que, según la valoración del médico, los apremios seguían o eran suspendidos.

Jorge Walter Calvete, uno de los detenidos en ese entonces, declaró que luego de sufrir un desmayo debido a las torturas fue visto por el doctor Braga: “Me escuchó con un estetoscopio y dijo que estaba bien. Él no me revisó el cuerpo y si hubiera querido ver mis tobillos estaban totalmente inflamados por las horas de detención parado y por las patadas. Tengo hasta hoy los vasos linfáticos de mis piernas destrozados”, declaró.

Marta Casas Gamboa dijo que Braga “controlaba las torturas” y declaró que volvió a reencontrarse con él cuando fue a realizarse el carné de salud a la Intendencia de Maldonado (donde el médico trabajaba) y que ambos se reconocieron: “me dijo que él solo había obedecido órdenes”.

Pablo Pérez González, otro denunciante, contó su historia. “Estábamos muy mal por las sesiones de tortura y palos y nos hicieron revisar por ese médico Braga. A los pocos días casi nos matan de vuelta”. Y respondió que era revisado solo para evaluar si podía soporta más tormento: “para ver si podían seguir dándome”.

Washington González declaró que había pedido un médico y escuchó que Braga “decía ‘dale que aguanta’”, refiriéndose a la tortura que los detenidos estaban sufriendo.

El documento expone varios relatos más y señala que “existen elementos de convicción suficiente para imputarle al encausado” reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves. Establece que cooperó en el período de consumación de estos, ya que se encargaba del control médico e informaba sobre el estado de salud con la finalidad de “continuar o no con los sometimientos físicos, según corriera o no riesgo la vida”.

La jueza a cargo de la resolución, Sylvana Karina García Noroya, también convocó a una audiencia “a las partes y a la señora Marta Casas Gamboa” prevista para el próximo 20 de setiembre.

En el año 2020, el juez penal de 10º turno de Maldonado, Rubén Félix Etcheverry Maneiro, había rechazado el pedido de procesamiento de Braga Rosado por considerar que los presuntos delitos habían prescrito. Se produjo entonces una apelación que condujo a la presente condena.

Luego de la dictadura

Braga —a quien según alguno de sus colegas también le agradaba manosear a las presas— estuvo activo como médico al menos hasta el año 2011, época en la que examinaba personas en la oficina de la Intendencia de Maldonado que expide las libretas de conducir.

Según informara entonces el semanario Brecha, Braga llegó a ser director de Higiene durante la primera administración de Domingo Burgueño y continuó luego con cargos relevantes en la de Enrique Antía.

En 2006, la entonces edila del PVP Beatriz Jaurena reclamó a la Intendencia frenteamplista su destitución, sin éxito. Al parecer, desde la comuna se argumentó que no se puede sumariar a un funcionario presupuestado por su actuación en la dictadura, algo que sí sería posible si se produjera un procesamiento. La curul insistió en que “por lo menos” se lo retirara de la atención al público.

Un testimonio fundamental para incriminar a Braga por su participación en sesiones de tortura lo aportó otro médico, el reconocido cirujano plástico Moisés Salgado, a quien preten­dieron obligar a firmar el certificado de defunción del militante Eduardo Mondello.

Por entonces Mondello tenía 30 años, era fotógrafo, estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Había sido militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Fue secuestrado en su domicilio del departamento de Maldonado, en la madrugada del 6 de marzo de 1976, por efectivos vestidos de civil y fuertemente armados. Lo trasladaron al ya mencionado establecimiento militar, donde lo torturaron hasta su muerte el día 9 de marzo. Varios testigos que se encontraban secuestrados en ese lugar escucharon su agonía.

Su cuerpo fue entregado a los deudos en un cajón cerrado con orden de no abrirlo para su familia. Familiares y amigos desobedecieron la orden y comprobaron multiplicidad de lesiones y amputaciones del cuerpo. El velorio se realizó en la casa familiar y fue custodiado por camiones del ejército y militares armados.