Los militares retirados José María Lete, Rogelio Garmendia y Pedro Buzó fueron procesado con prisión en el marco de la causa que investiga abusos cometidos contra 39 adolescentes en el Batallón de Infantería N° 10 de esa ciudad de Treinta y Tres, en abril de 1975. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Montevideo Portal a través de parte de la sentencia.
Lete fue procesado como coautor de “múltiples delitos de privación de libertad, atentado violento al pudor, abuso de autoridad contra personas detenidas y lesiones graves”. Garmendia, por su parte, fue imputado por “abuso de autoridad, lesiones graves y privación de libertad, mientras que Buzó enfrenta cargos como presunto autor de reiterados delitos de abuso de autoridad y lesiones graves”.
Según la investigación, Pedro Buzó, quien en ese entonces actuaba como oficial de inteligencia en el Batallón de Infantería N° 4, participó en torturas en el batallón de Treinta y Tres durante la visita del general Gregorio Álvarez, jefe de la Región Militar 4, el 18 de abril de 1975. En esa jornada, las víctimas, todos menores de hasta 13 años, relataron que las torturas se intensificaron y señalan a Buzó como uno de los responsables.
Rogelio Garmendia fue identificado por varias víctimas como el encargado de los operativos de detención, además de ser señalado como parte del grupo de torturadores.
Y José María Lete, segundo al mando en el batallón en 1975, fue reconocido por testigos durante las sesiones de interrogatorio.
En su fallo, la jueza del caso María Eugenia Mier desestimó un recurso de la defensa de Lete, que alegaba falta de competencia del juzgado de primera instancia en causas de lesa humanidad. La jueza consideró que el planteo era un intento dilatorio que buscaba obstaculizar el proceso y actuaba en contradicción con las propias acciones previas de la defensa.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 12 y el 15 de abril de 1975, cuando 39 adolescentes, en su mayoría estudiantes del liceo N° 1 de Treinta y Tres y miembros de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), fueron detenidos en sus domicilios por orden de la Justicia militar. Durante 20 días fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, incluyendo golpes, descargas eléctricas y abusos sexuales, en el caso de las mujeres. Además, se les impidió continuar sus estudios y se les retiró la patria potestad a sus padres.
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