Preocupación en la industria del cannabis ante demoras por falta de designaciones

El 29 de febrero cesó en su cargo Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), al culminar sus funciones la administración anterior. Desde entonces no se ha designado a un sucesor en ese cargo, aunque la JND sigue funcionando y es encabezada por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

El secretario general, sin embargo, es el que se encarga de la mayor parte del trabajo cotidiano. Ello incluye, entre otros aspectos, la coordinación general de la política de drogas en aspectos de salud, prevención, educación, la coordinación del mecanismo de recuperación de activos y la presidencia del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que también se encuentra sin autoridades completas como consecuencia de la falta de este cargo.

En charla con Montevideo Portal, Diego Olivera señaló que si bien no hay motivo alguno para no creerle a Ferrés cuando afirma que está llevando a cabo todas estas tareas, "es claro que se necesita una figura específica".

Este 31 de mayo, por ejemplo, vence el contrato de los dispositivos de tratamiento que sostienen la atención de las personas más vulnerables con consumo problemático de drogas, que forman parte de la RENADRO (Red Nacional de Drogas). Ante la inquietud generada por la falta del cargo de secretario y lo que podría ocurrir con la posible pérdida de atención a esta población, Ferrés aclaró días atrás en redes sociales: "Estas últimas semanas hemos estado trabajando con los coordinadores de áreas de la Secretaría Nacional de Drogas. Como presidente de la JND estoy trabajando en un plan estratégico para fortalecer, aún más, la RENADRO y sus centros de atención en todo el país".

Durante la transición, Olivera tuvo un solo encuentro con las nuevas autoridades de la JND. El exsecretario dijo que lo que surgió respecto a la RENADRO "es sintomático de esta situación". "Habíamos dejado todos los contratos encaminados a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo y faltando diez días para esa fecha aún no se conocía públicamente la eventual renovación", explicó, respecto a esta red que atiende entre 6.000 y 7.000 personas al año.

"Había mucha gente a la espera de un mensaje claro. A partir de esa reivindicación se confirmó, pero hay un desfasaje temporal en estas cosas que teniendo un secretario de Drogas podrían contenerse antes de que se conviertan en un problema", afirmó Olivera.

Sin receta

Con respecto a la regulación del cannabis y el suministro a través de farmacias, Olivera admitió que el proceso que dejó la anterior administración aún está incompleto y que para ser exitoso "debe seguirse fortaleciendo". "Dejamos cosas encaminadas, como el otorgamiento de tres nuevas licencias para producir, pero hay que dar seguimiento y tomar las medida necesarias para que se concrete, como la venta en farmacias", apuntó

El IRCCA tiene un director ejecutivo (Martín Rodríguez) y sigue funcionando, pero al no tener completa la Junta Directiva (que es integrada por cuatro miembros) no se firman nuevas resoluciones. Por ejemplo, si se cae una farmacia del sistema (como ha ocurrido por ejemplo con la farmacia Lilen) se necesita la firma de la Junta Directiva para nuevos contratos. Lo mismo sucede para entregar licencias a productores de cannabis medicinal e industrial. Desde finales de febrero la Junta Directiva no otorga nuevos permisos, aunque es claro que la epidemia de Covid ha complicado el funcionamiento de todo, apuntó Olivera.

"La economía del cannabis medicinal e industrial venía cobrando mucha fuerza y no sería un buen mensaje que esto se enlentezca en Uruguay. Hay una ansiedad que aumenta a medida que pasa el tiempo. Hay expectativas positivas porque los mensajes que dio el Gobierno sobre la regulación del cannabis son buenos, no dan idea de un desmontaje de la cosa ni mucho menos, pero se espera una reacción oportuna, porque hay muchos empresarios a la espera de la concreción de los proyectos", manifestó.

Montevideo Portal intentó corroborar cuántos son los proyectos que están a la espera al no sesionar la Junta Directiva, pero desde el IRCCA se aclaró que es información que no se puede brindar, al ser reservada. En base a fuentes, este medio pudo constatar que sí hay permisos pendientes.

Que no se caiga el sistema

En este momento hay 16 farmacias habilitadas en Uruguay para suministrar la marihuana estatal. Bruno Calleros, del Movimiento por la Liberación del Cannabis, dijo a Montevideo Portal que hay preocupación, "más en estos momentos de crisis sanitaria, de que no se corte la cadena de suministro".

Aclaró que de todos modos las farmacias abiertas están recibiendo el producto sin inconvenientes (debido a que se trata de época de zafra), aunque haya menos centros en el sistema.

"Son muy pocos los que pueden llegar a proveerse en las farmacias, ubicadas en cinco departamentos", señaló. "Había farmacias interesadas en agenda. Está todo en standby, al no poder funcionar la Junta Directiva, porque hay cosas que no se pueden decidir", afirmó Calleros.

Un proyecto al borde

En diciembre del año pasado el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de regulación el cannabis medicinal y terapéutico, que preveía que el IRCCA cree un sistema de licencias para la elaboración de extractos de cannabis de uso medicinal.

Este 20 de junio se vence el plazo legal para reglamentar esta ley, contó a Montevideo Portal Gustavo Robaina, de Monitor Cannabis, uno de los redactores del proyecto, sin que se hayan realizado anuncios al respecto.

Robaina manifestó su preocupación por el poco tiempo que resta para cumplir con los plazos, El IRCCA realizó en enero un primer llamado a pequeños productores para que se inscribieran, pero desde entonces no hubo más novedades. "Sin duda no tener autoridades designadas debe estar complejizando el tema", manifestó.

Agregó que para que esta ley pueda finalmente comenzar a aplicarse no solo falta que funcione la Junta Directiva del IRCCA ya que es un proyecto complejo y que requiere un trabajo interdisciplinario, con una participación fuerte del Ministerio de Salud Pública y de la OPP, además de otros organismos.

"Me preocupa particularmente no tener todavía una clara visión de cómo se va a orientar la implementación, porque la ley fue votada por todos los partidos políticos. Eso es algo que nos dejaba tranquilos", dijo Robaina, que destacó que es una ley "importante" para resolver un problema de acceso de los pacientes a los medicamentos.

Montevideo Portal intentó consultar tanto al prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, como al subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, sobre los avances en este proyecto y las demoras generadas en la JND pero no obtuvo respuesta. Fuentes de Salud Pública aseguraron a Montevideo Portal que "se está trabajando" en el proyecto, pero no dieron más detalles.