Por The New York Times | Alan Feuer

La nueva ley de Texas que prohíbe en la práctica la mayoría de los abortos ha suscitado una amplia controversia y debate, en parte debido al mecanismo que utiliza para hacer cumplir las restricciones: delegar a los ciudadanos la tarea de demandar a quienes participan en la realización de abortos y darles un incentivo financiero para que lo hagan.

La ley establece una especie de sistema de recompensas. Si estos demandantes justicieros tienen éxito, la ley les permite cobrar sentencias en efectivo de 10.000 dólares (además del pago de las costas legales) a los demandados. Si pierden, no tienen que pagar las costas legales de los demandados.

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a detener la entrada en vigor de esta ley y, hasta ahora, nadie ha presentado una demanda en contra de un proveedor de abortos porque las clínicas del estado han optado por cumplir la ley, que prohíbe en la práctica los abortos a partir de la sexta semana de embarazo.

La disposición relativa a la aplicación ha suscitado el apoyo de quienes pretenden limitar el derecho al aborto, así como críticas y confusión entre quienes lo defienden.

“Cuando la ley se dio a conocer por primera vez y la leí, pensé que me había perdido algo”, dijo Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, especializada en la historia del derecho reproductivo. “Casi parecía que cualquiera podía demandar a cualquiera y eso no parecía correcto. Pero así es. De verdad es así de extraordinario”.

A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre la disposición de aplicación.

¿Existen otras leyes que usen el mismo mecanismo?

En realidad, no; o al menos no con el mismo alcance que la ley de Texas.

Aunque otorgar a los ciudadanos el derecho a presentar una demanda en lugar de, o junto con, la aplicación penal por parte de los funcionarios gubernamentales es un elemento básico de los casos de negligencia médica y otras ramas del derecho que regulan los actos ilícitos civiles, la ley de Texas es diferente.

Elimina por completo la aplicación de la ley de la jurisdicción estatal y amplía bastante quién puede demandar y quién puede ser demandado por la práctica de un aborto. Por ejemplo, la ley permite a cualquier persona (incluso a quienes no residan en Texas) presentar una demanda en cualquier tribunal del estado si creen que se ha practicado un aborto. También hace que casi todos los que participen en el procedimiento, a excepción de la mujer a la que se le practica el aborto, sean sujetos de las demandas, lo que significa que los médicos, las enfermeras, las compañías de seguros e incluso los conductores de Uber que ayudan a llevar a las mujeres a las clínicas podrían ser vulnerables.

Según Ziegler, la idea de utilizar las demandas para frenar o detener los abortos surgió por primera vez a principios de la década de 1990, cuando un pastor de Texas llamado Mark Crutcher creó un programa llamado Spies for Life (espías por la vida) que publicaba manuales que mostraban a la gente cómo utilizar el sistema jurídico para atacar a las clínicas y los proveedores de abortos. En 1999, Luisiana aprobó una ley que le otorgaba a las mujeres que habían abortado el derecho a demandar a sus proveedores.

El senador estatal Bryan Hughes, principal autor de la ley de Texas, ha dicho que el modelo que utilizó para la ley, conocida como el proyecto de ley 8 del Senado, fue una ordenanza local aprobada en Waskom, Texas, en 2019, que facultaba a los residentes a demandar a cualquiera que realizara un aborto en la ciudad o ayudara a alguien a tener acceso a este. Sin embargo, a diferencia del proyecto de ley 8 del Senado, la ley de Waskom era en gran medida simbólica, dado que la ciudad no tenía clínicas que realizaran abortos.

¿Qué problemas jurídicos supone que sean los particulares quienes apliquen la ley?

El jueves, el Departamento de Justicia demandó a Texas, con el argumento de que el proyecto de ley 8 del Senado se aprobó “en un abierto desafío a la Constitución” y a casos de la Corte Suprema como el de Planned Parenthood contra Casey y Roe contra Wade. Sin embargo, la demanda de 27 páginas del departamento hizo especial énfasis en la dependencia de la ley en lo que denominó “cazadores de recompensas”, ya que empoderar a los ciudadanos para que hagan cumplir la ley era un “esquema sin precedentes para proteger al estado de toda responsabilidad”.

Además, afirmaron los funcionarios, el proyecto de ley 8 del Senado en esencia congeló la práctica del aborto en Texas y logró su objetivo de detener los procedimientos sin que se haya presentado un solo litigio de particulares. Después de todo, indicó la demanda, la sola amenaza de litigio era suficiente para “que fuera demasiado arriesgado que una clínica que provee abortos opere” en Texas.

La causa del Departamento de Justicia se basa en el argumento de que los particulares, en caso de presentar una demanda contra los proveedores de abortos, en la práctica fungirían como representantes del estado de Texas. Lo que el gobierno pide en su demanda equivale a una orden restrictiva federal que prohíba a todos los habitantes del estado presentar demandas contra los proveedores de servicios de aborto, lo cual, según algunos abogados, podría ser un poco exagerado. Por otra parte, puede que no sea más descabellado que el proyecto de ley 8 del Senado, que faculta a todos los habitantes del estado a presentar demandas.

En última instancia, dijeron los académicos jurídicos, el proyecto de ley 8 del Senado también podría impugnarse de otras maneras. En algún momento, un proveedor de abortos o alguien más involucrado en el proceso (por ejemplo, un grupo que financia abortos) podría dar un paso adelante y violar voluntariamente la ley como un caso de prueba calculado. Pero eso podría llevar tiempo y tener resultados inciertos.

“Pase lo que pase, va a llevar un tiempo”, afirmó Ziegler. “Y mientras tanto, esta ley será el statu quo”.

¿Otros estados están adoptando leyes similares?

En fechas recientes, legisladores y ejecutivos de al menos siete estados han dicho que están considerando estatutos similares. La semana pasada, la gobernadora de Dakota del Sur, la republicana Kristi Noem, dijo que había ordenado a los abogados de su oficina que revisaran el proyecto de ley 8 del Senado “para asegurarnos de que tenemos asentadas las leyes provida más fuertes”. Al mismo tiempo, Wilton Simpson, líder republicano del Senado del estado de Florida, dijo que los miembros de su cámara ya estaban trabajando en un estatuto similar al de Texas.

El mecanismo de aplicación en manos de ciudadanos particulares se insertó en una nueva ley de armas en Misuri que otorga a los residentes la facultad de demandar a los departamentos de justicia locales por dar “ayuda y apoyo material” a los agentes federales por supuestas violaciones de la Segunda Enmienda. Según la ley, que impugnó el Departamento de Justicia, los habitantes de Misuri podrían presentar una demanda para impedir que los agentes de policía locales compartan datos o realicen operaciones conjuntas con los agentes federales que trabajan en casos relacionados con armas de fuego.

Aunque algunos miembros de izquierda han hablado de la idea de redactar leyes que faculten a la gente para demandar por cuestiones que consideran importantes (como una regulación más estricta de las armas, por ejemplo), no ha trascendido mucho más allá de las conversaciones en las redes sociales. Al menos, por ahora, los demócratas no se han apoderado de la aplicación de la ley por parte de los ciudadanos como estrategia jurídica.