La Fiscalía de Artigas imputó este fin de a semana a seis personas por trata y explotación laboral a venezolanos, que llegaban a Uruguay bajo la promesa de trabajo y una alta remuneración, algo que luego no se concretó en los hechos porque terminaron trabajando en las canteras departamentales de la zona de Catalán.
El Ministerio Público logró identificar a más de ocho víctimas oriundas de Venezuela, que tienen entre 25 y 53 años. De acuerdo con el pedido de imputación, al que accedió Montevideo Portal, vinieron a Uruguay “por haber visto en la red social Telegram una publicación de oferta realizada por una de las imputadas”.
La mujer se presentó como psicóloga de la empresa y una de las víctimas le envió su currículum vitae. Luego la uruguaya, a quien ahora se le formalizó una investigación, le pidió que armara un equipo para trabajar en el país.
Luego de varias videollamadas y comunicaciones virtuales, los imputados les ofrecieron “alojamiento, comida, seguro médico y wifi”. “Se les ofreció la suma de un sueldo base de US$ 250 o US$ 500 mensuales, más bonos de producción, horas extras, bonos por mantenimiento y cuidado de las máquinas”, agrega el texto. Todo esto alcanzaría un salario de entre US$ 1.500 y US$ 2.000 por un régimen de ocho horas de lunes a viernes.
Los imputados se encargaron de comprar los debidos pasajes para hacer llegar a los venezolanos, quienes ya les habían dado la respuesta afirmativa de que vendrían a Uruguay.
Al llegar, fueron recibidos por uno de los hombres y trasladados por él a la cantera en Catalán Grande. El pasado 15 de enero se les retuvieron los documentos y, cada vez que las víctimas los reclamaban, los acusados decían que estaban en Montevideo, en una chacra o en una caja fuerte.
“Comenzaron a trabajar y así comenzó la explotación laboral, ya que debían trabajar 12 horas por día en la cantera de piedras y se les abonaría un sueldo de US$ 250. Tres de las víctimas se retiraron inmediatamente al advertir la situación”, agrega el documento.
El monto inicial disminuyó drásticamente y las víctimas terminaron cobrando US$ 80 por mes. Los venezolanos engañados sentían que estaban presos, porque incluso se les cortó el wifi para que no se comunicaran con las personas que ya se habían ido.
La maniobra terminó justo cuando llegaron a Montevideo 20 venezolanos más, que también habían sido engañados. Cuando los delincuentes salían de un edificio de Ciudad Vieja, tras recibir a las nuevas víctimas, fueron detenidos por las autoridades.
“Surge de la presente investigación y relación de hechos que los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral, que busca lucro económico a partir del comercio de seres humanos, participando del reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana”, indica la Fiscalía sobre el final, y argumenta que también son “presuntos autores de un delito de trata de personas con otro de asociación para delinquir”.