La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) señaló en una reciente resolución que la Policía "puso en riesgo el derecho a la vida" durante un operativo en Malvín Norte en donde vecinas de la zona resultaron baleadas con munición no letal.

Tras la investigación que le compete, el organismo señaló que el Ministerio del Interior, a través de los funcionarios de la Policía, "vulneró el derecho a la integridad personal" durante el operativo, que tuvo lugar el 21 de febrero.

En este sentido, la INDDHH recomendó al Ministerio del Interior "la reparación integral de todos los daños generados por el accionar ilegítimo de sus funcionarios, en especial por medio de medidas de reparación simbólica, como el reconocimiento público de los hechos denunciados y el otorgamiento de garantías de no repetición, entre las que se encuentran la adecuada formación y capacitación de su personal".

A su vez, el organismo le pidió al Ministerio del Interior "que cumpla con su obligación de colaborar con las investigaciones desarrolladas por la INDDHH, brindando la información solicitada en tiempo y forma", y le solicitó que informe "el resultado de las investigaciones administrativas realizadas en relación a la actuación de los funcionarios policiales involucrados" en el operativo de ese día en Malvín Norte.

Según el documento de la INDDHH, que fue consignado anteriormente por la diaria, la investigación del organismo inició el 23 de marzo, un mes después del suceso. Para ello se envió un equipo técnico a la zona, que se entrevistó con referentes barriales y vecinos.

Tras ello, la INDDHH reunió toda la información recopilada, que incluye el testimonio de los vecinos, videos del suceso, fotos e información de prensa. "De acuerdo con la metodología aplicada para el monitoreo de los derechos humanos, la INDDHH evaluó la credibilidad y confiabilidad de todas las fuentes y corroboró la información recopilada", indica el documento del organismo.

El relato de los testigos indica que en el operativo del 21 de febrero al mediodía, un patrullero ingresó a la zona en persecución de una persona que, en su huida, se escabulló entre las viviendas del asentamiento. "Los policías realizaron disparos con armas de fuego en la dirección hacia donde la persona se había escapado, impactando alguno de ellos contra la vivienda de un vecino", recoge el documento.

"Varios vecinos/as comenzaron a asomarse reclamando a la Policía que dejara de disparar ya que había niños en ese lugar. Ese pedido no fue atendido por los efectivos. En ese momento se inició una discusión entre funcionarios policiales y vecinos/as. Según los testimonios recogidos por la INDDHH, intervinieron en estos hechos tres policías. Dos de ellos se comportaron en forma agresiva con las vecinas, mientras el tercero se mantenía al margen", apunta el escrito.

"Los vecinos/as solicitaron a los funcionarios intervinientes que se identificaran. En ese momento, según los relatos recabados por la INDDHH, uno de los policías dijo: 'Métanse para adentro, manga de mugrientas, negras de mierda, andá a aprender a leer'. A partir de ese momento se produjo una escalada en el nivel de confrontación: intervinieron otros vecinos/as y la Policía no procuró bajar la intensidad del conflicto", añade el documento.

El escrito señala que en ese momento "se producen golpes y empujones" y uno de los policías, "totalmente fuera de sí, se sacó su equipo reglamentario e 'invitó a pelear' a las mujeres presentes, golpeándose el pecho y realizando otros gestos agresivos". En paralelo, otro policía "apuntaba con su escopeta a los vecinos/as".

"En ese momento arribó al lugar otro patrullero del que descendió una funcionaria policial en actitud beligerante, que dio un puñetazo a una adolescente que se encontraba en su camino y continuó golpeando indiscriminadamente a los presentes. Esta funcionaria empujó a una mujer que estaba de espaldas y le dio una patada a otra persona. Otra vecina intercedió para proteger a su madre (que había sufrido un empujón por parte del personal policial y estaba caída en el piso), lanzando un golpe a mano abierta hacia la referida funcionaria policial. Esa reacción es respondida con un disparo de escopeta por parte del funcionario que previamente había apuntado a todos los presentes".

"Como consecuencia del disparo, la mujer cae hacia atrás, donde hay un desnivel correspondiente a un curso de agua. Cuando esta mujer intentó ponerse en pie, asistida por otros vecinos, el mismo funcionario efectuó un segundo disparo del que resultan heridas también las personas que se encontraban auxiliándola".

Al término del procedimiento, los policías retrocedieron. En la retirada, un patrullero que iba en reversa chocó a otro. "La mujer policía retrocede a pie y en todo momento empuñando su arma corta".

"Mientras tanto, los vecinos pedían a la Policía asistencia para los heridos. Ante la falta de respuesta policial, un vecino llevó en su camioneta a las personas heridas a la emergencia del Hospital Pasteur".

Algunos vecinos decidieron hacer la denuncia, pero encontraron varios impedimentos. En primer lugar se dirigieron a la seccional 14, pero no les tomaron la denuncia bajo el argumento de que les correspondía hacerla en la seccional 15. En esta otra seccional, el encargado les dijo que debían ir al Ministerio del Interior. Los vecinos fueron hasta la sede de la cartera, pero como era domingo estaba cerrada. Finalmente, "hicieron la denuncia a través de la línea 0800 5000".

Entre otras consideraciones sobre este suceso, la INDDHH volvió a reiterar "lo señalado en reiteradas oportunidades" acerca del uso de la fuerza legítima por parte de funcionarios del Estado.

La INDDHH recordó que el marco jurídico, incluso los estándares internacionales, señalan que para que el uso de la fuerza por parte del Estado esté justificado "se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".