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El Pit-Cnt emitió un comunicado en la tarde de este miércoles en el que “expresa su solidaridad con los trabajadores argentinos y su lucha contra la imposición de la Ley Bases”.
A entender de la central sindical, esta norma “representa un claro intento de entrega y saqueo de los recursos del pueblo argentino, además de parte clave de la imposición de un cruel modelo de desigualdad y represión contra los sectores populares”, según reza el texto difundido.
“Nos sumamos al rechazo contundente expresado frente al Congreso de la Nación y repudiamos la represión ejercida por el gobierno argentino contra quienes legítimamente se movilizan en defensa de sus derechos”, añade el documento.
Al respecto, el Pit-Cnt sostiene que “la criminalización de la protesta social es inadmisible en cualquier democracia y es parte del modelo que quiere imponer el poder económico para regimentar a los pueblos en su lucha contra este tipo de medidas”.
“¡Por la unidad de los trabajadores y trabajadoras de América Latina!”, finaliza el comunicado.
La situación del otro lado del charco
Miles de militantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, junto con algunos diputados opositores, se han concentrado desde temprana hora en los alrededores del Congreso argentino para expresar su rechazo a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que busca una reestructuración radical del Estado argentino para promover un modelo económico liberal, basado en la reducción del intervencionismo estatal y la promoción de la iniciativa privada.
Nada más empezar la sesión en la Cámara Alta, las calles aledañas al Palacio Legislativo empezaron a llenarse de manifestantes convocados, entre otros, por la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato más grande del país.
En aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cientos de agentes policiales se desplegaron en la zona, que fue vallada para impedir el acceso a las puertas del recinto legislativo y mantener sobre las veredas a los manifestantes.
Para hacer frente a eventuales desmanes, el Gobierno ha instruido a las fuerzas de seguridad a que implementen un protocolo que impide los cortes del tránsito vehicular y busca garantizar la libre circulación. Para ello, la Policía empuja hacia las veredas a los manifestantes. También echa mano de escuadrones antidisturbios, camiones hidrantes y gas pimienta.
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