La Sociedad de Criadores de Perros Ovejeros Alemanes (SVU) tiene más de 60 años desde su fundación en Uruguay. Su cometido es organizar exposiciones de perros, controlar la venta de cachorros y tener un rol activo para que el pedigree de las crías se mantenga en estas tierras.

Actualmente, nada de lo anterior se está cumpliendo y la sede donde funciona la organización está prácticamente sin uso, con manchas de humedad y techos de los que caen restos de revoque con pintura. La decadencia de la SVU tiene punto de partida en setiembre de 2023, cuando se celebraron elecciones y quien quedó como presidente electo fue Oscar de Souza. 

El directivo hace alrededor de 40 años que integra la sociedad, además de tener cría de ovejeros alemanes y competir fuera del país con ellos, algo de lo que se enorgullece en diálogo con Montevideo Portal. 

Según la versión de De Souza, ni bien asumió la titularidad del cargo, notó una serie de irregularidades por lo que comenzó a hacer modificaciones y controles que “molestaron” al resto de la comisión directiva, algunos de los que estaban hace más de 20 años. 

Ante esto, el vicepresidente, la prosecretaria, el tesorero, el protesorero y una vocal decidieron renunciar en clara señal de desacuerdo con la gestión de De Souza. Según la versión del presidente, antes de fines de 2023 la SVU no tenía una comisión directiva, por lo que quedó solo él a cargo. 

Los directivos salientes argumentan que De Souza no tiene interés en mejorar la situación de SVU y que su “único objetivo es quedarse para poder vender sus perros”, según dijeron. 

El presidente de SVU rechaza esa versión y asegura que desde el año pasado ha cubierto todos los gastos de la organización con dinero de su propio bolsillo, porque al no tener comisión directiva se perdieron ingresos y el número de socios descendió drásticamente, además de que afectó al normal funcionamiento de la institución. 

Los denunciantes, que llegaron con su versión a Fiscalía, denuncian que De Souza es “autoritario” y que la comisión directiva renunció porque él no los dejaba ser parte de las decisiones a tomar. “Acá se hace lo que yo quiero”, decía el titular de la organización según citan los socios en el reclamo presentado ante las autoridades. 

En la denuncia se aporta una serie de ejemplos del autoritarismo del que se acusa a De Souza. Por ejemplo, que prohibió la entrada de algunos socios a la sede sin una decisión judicial que lo avale. “Llegué un día a pagar la cuota y apareció una mujer que me dijo que no me abría la reja porque era una orden del presidente”, contó uno de los denunciantes en su declaración. 

El punto de inflexión 

El conflicto entre De Souza y la comisión directiva se limitaba a un tema meramente legal hasta el 14 de marzo de este año, cuando se llevó adelante una asamblea en la sede del club. 

La comisión directiva y el presidente llegaron a esa instancia con un “ambiente caldeado”, porque días antes de que sucediera uno de los socios se cruzó a De Souza en la ruta y le dijo: “Yo a vos te voy a matar”. Esto según la versión del presidente de la institución y de la denuncia radicada. 

Aquel día se reunieron el presidente junto a la comisión directiva y un escribano, quien además de dejar un acta, ofició de moderador. El profesional no es trabajador de la SVU, sino que fue contratado para esa instancia por De Souza, quien asegura que le pagó US$ 250 de su bolsillo. 

Las versiones de lo que pasó ese día vuelven a contradecirse, porque la discusión fue subiendo de tono hasta que llegó el momento de los golpes. El mismo hombre que había amenazado de muerte a De Souza le comenzó a pegar y lo tiró al suelo, lo que impulsó a que otros de los presentes se sumaran hasta generar una golpiza que terminó con varias lesiones en la cabeza del agredido. 

Cabe destacar que De Souza tuvo un accidente hace unos años y tiene una pierna afectada, por lo que se mueve con dificultad y lo hace por medio de un bastón.

Los presentes en el episodio de violencia dan otra versión de los hechos y en la denuncia aseguran que el presidente de la asociación fue el primero en golpear. 

“Él agarró, se levantó de la silla y le dio un piñazo al tipo”, contó uno de los testigos en diálogo con Montevideo Portal. Además de las agresiones físicas, en esa asamblea se buscó que De Souza renunciara a su cargo, pero él se negó. 

El informe del Instituto Técnico Forense (ITF) indicó que las heridas fueron “de leve entidad desde el punto de vista médico”. “El periciado presenta múltiples lesiones contusas abiertas y cerradas, traumáticas, de naturaleza violenta”, sostiene el documento. 

Lo cierto es que, según lo establecido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la SVU no puede funcionar solo con el presidente al mando. Ante esto, la abogada de De Souza, Adalí Sastre, solicitó la aplicación del artículo 67 del estatuto vigente del club. 

Esta normativa interna establece: “En caso de reducirse el número de integrantes de la Comisión Directiva a menos de la mitad más uno, se deberá llamar a elecciones dentro de los 14 días subsiguientes a efectos de integrar los cargos vacantes. La convocatoria la realizará de oficio el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario o el Prosecretario y en caso de estar vacantes estos cargos, podrá ser realizada por cualquier otro integrante de la Comisión Directiva. Las elecciones deberán realizarse en un plazo máximo de seis (6) semanas a contar desde el día en que se produjo esa situación anormal”. 

De acuerdo con el informe del MEC, se pidió que se aplique dicho artículo y que la situación se resuelva con un “tiempo prudencial”. En caso contrario, el organismo advirtió que dispondrá de interventores, lo que provocaría incluso el cierre de la institución. 

El posible desenlace 

Para poder aplicar el artículo 67 del estatuto, se debe de volver a convocar a asamblea, algo para lo que las condiciones no están dadas producto de la gresca que se dio en marzo. 

Así como los exmiembros de la comisión directiva presentaron una denuncia, también hizo lo suyo De Souza ante la Policía. Sastre explicó que están a la espera de que la Fiscalía se expida y disponga de una medida cautelar de no acercamiento a la institución para los denunciados. 

En caso de que lo anterior pase, ellos no podrían asistir a la asamblea, lo que haría posible aplicar la normativa que pretenden por falta de cuórum. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio Público no ha avanzado en el caso, por lo que resulta bastante improbable que la cautelar se dé dentro de pocos días. 

Sastre sostuvo que, por el momento, la alternativa que manejan es pedir a la Policía algún tipo de servicio que garantice la integridad física de todos los presentes dado que la fecha que se maneja para marcar la asamblea es la próxima semana.