La fiscalía francesa solicitó al Tribunal Correccional de París la pena de un año de prisión con seis meses de cumplimiento para Nicolas Sarkozy, alegando que el expresidente de Francia tuvo una "total desenvoltura" en la gestión de las finanzas de su campaña electoral de 2012, a la que categorizaron como "de oro macizo", ya que costó casi el doble que el tope fijado por ley.

La campaña de Sarkozy costó unos 43 millones de euros frente al tope de 22,5 millones que permite la ley francesa a invertir para una candidatura para la primera vuelta.

Según la Fiscalía, el precio real de sus cerca de 40 actos en 2012 organizados por la empresa Bygmalion, que da nombre al caso, fue reducido drásticamente, y el resto fue abonado por el partido UMP -rebautizado posteriormente como Los Republicanos- en concepto de convenciones ficticias.

El exmandatario, que estuvo ausente en la audiencia, sólo ha acudido al tribunal en una ocasión, este mismo martes, cuando le tocaba declarar. "Le correspondía al director de campaña organizar la campaña y a mí hacerla. Soy conocido por delegar mucho. No puedo ocuparme de todo", dijo el exmandatario, que mantiene como argumento de su defensa que desconocía la trama fraudulenta.

Junto a Sarkozy, 13 personas están siendo juzgadas por su implicación en el sistema de doble facturación. Para ellos las peticiones de penas han ido de los 18 meses a los cuatro años de cárcel y multas por valor de 50.000 euros.

Para el ex director adjunto de la campaña, Jérôme Lavrilleux, el único que ha reconocido el fraude, los fiscales han solicitado tres años de prisión exentos de cumplimiento, además de los 50.000 euros. Para los tres exdirectivos de la empresa Bygmalion, que han admitido el uso de un sistema de falsas facturas, la pena pedida es de 18 meses de prisión exentos de cumplimiento.

Este es uno de los tres procedimientos judiciales a los que se enfrenta Sarkozy. En marzo, se convirtió en el primer expresidente de Francia en ser condenado a prisión tras ser juzgado en un proceso diferente, por corrupción y tráfico de influencias, a un año de prisión firme. La sentencia de ese caso quedó en suspenso al ser apelada ante el Tribunal Supremo.

Además, está imputado por asociación de malhechores en una investigación sobre la presunta financiación por parte del régimen libio de Muamar Gadafi de su campaña presidencial de 2007, cuando resultó elegido.

EFE