Por The New York Times | Michael S. Schmidt and Maggie Haberman

Cuando la semana pasada surgieron nuevos cuestionamientos sobre un posible juicio penal contra el expresidente Donald Trump por tratar de anular las elecciones de 2020, este emitió un confuso comunicado de doce páginas.

Dicho comunicado contenía la habitual combinación de sus estrafalarias aseveraciones, exageraciones y rotundas mentiras, pero también algo que los aliados de Trump y los expertos jurídicos señalaron como llamativo y diferente: el inicio de una defensa jurídica.

Casi en todas las páginas, Trump daba explicaciones de por qué estaba convencido de que le habían hecho trampa en las elecciones de 2020 y por qué tenía todo el derecho de cuestionar los resultados a través de cualquier medio disponible.

Trump escribió que lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero de 2021 fue resultado de un intento de los estadounidenses “de responsabilizar a las autoridades electorales por las claras señales de actividades delictivas a lo largo del proceso electoral”.

Esta aseveración, aunque infundada, tenía especial significado debido al creciente interés acerca de si enfrentaría acciones penales. Si el Departamento de Justicia entablara un juicio en su contra, los fiscales tendrían que demostrar que él sabía —o debía haber sabido— que su postura se basaba en afirmaciones falsas sobre un fraude electoral generalizado o que su intento de impedir la certificación de los resultados por parte del Congreso era ilegal.

Como una posible defensa, la táctica presente en el comunicado de Trump está lejos de ser una garantía para que no lo procesen y tiene problemas de credibilidad evidentes. Trump cuenta con un largo historial de que es capaz de decir lo que sea con tal de lograr sus objetivos, sin importar si es verdad o no. Y algunas de las medidas que tomó después de las elecciones de 2020, como presionar a las autoridades de Georgia para que encontraran los votos suficientes como para cambiar el resultado en ese estado a su favor, habla de un intento decidido de mantenerse en el poder y no de abordar algunos puntos débiles más generales percibidos en el sistema electoral.

Pero su continua sarta de mentiras pone de manifiesto algunas de las dificultades para entablar cualquier proceso penal en su contra, a pesar de lo bien establecidos que están en este momento los hechos primordiales.

Además, el comunicado también señala las medidas que Trump está tomando tras bambalinas para formar un nuevo equipo de abogados a fin de que hagan frente a una serie de investigaciones, como, por ejemplo, su campaña de presión con la que intentaba cambiar los resultados de las elecciones en Georgia y el hecho de que extrajera documentos clasificados cuando dejó el cargo.

Según dos personas enteradas de este asunto, en la elaboración del borrador del documento participó Evan Corcoran, un abogado defensor para delitos de cuello blanco y exfiscal federal designado por Trump. Corcoran también ha representado a Steve Bannon, un aliado de Trump que el Departamento de Justica ha acusado de rehusarse a cooperar con el comité de la Cámara Baja que investiga los hechos del 6 de enero.

Ni Corcoran ni la portavoz de Trump respondieron a la solicitud de ofrecer comentarios.

El comunicado llegó en una semana en la que las audiencias del comité de la Cámara de Representantes dejaron clara la posibilidad de someter a Trump a procesos penales y civiles al enfatizar el testimonio de sus asesores y colaboradores que documentaron lo que le habían dicho, y cuándo, acerca de la validez de las acusaciones de fraude electoral y la legitimidad de su estrategia para mantenerse en el poder.

En su tercera audiencia del jueves, el comité argumentó que Trump había seguido adelante con el plan de hacer que el vicepresidente Mike Pence revocara de manera unilateral las elecciones de 2020 a pesar de que le habían dicho a Trump que no se contaba con bases legales para hacerlo.

El Departamento de Justicia está investigando una serie de elementos relacionados con el asalto al Capitolio y con el intento más general de Trump y sus aliados para conservar la Casa Blanca pese al triunfo de Joe Biden. El fiscal general Merrick Garland no ha dado indicios de que el departamento esté armando un caso contra Trump, quien desde hace mucho tiempo ha sostenido que las investigaciones sobre el ataque del 6 de enero son partidistas e infundadas y cuya versión de los hechos no ha sido presentada en las audiencias del comité de la Cámara Baja.

Pero las investigaciones del panel ya han arrojado pruebas que podrían aumentar la presión a Garland para que avance con mayor firmeza, plan de acción que conllevaría tremendas implicaciones legales y políticas. Después del acicate del Departamento de Justicia, en estos últimos días, el comité de la Cámara Baja dio señales de que ya el mes entrante comenzaría a compartir con los fiscales federales algunas transcripciones de sus entrevistas con los testigos.

En una demanda civil relacionada con el trabajo del comité, un juez federal concluyó en marzo que lo más probable era que Trump y un abogado que lo había asesorado, John Eastman, hubieran cometido un delito en su intento de anular las elecciones. “La ilegitimidad del plan era evidente”, concluyó en ese caso el juez David O. Carter del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Carter hizo referencia a dos delitos que, según él, era probable que estos hombres hubieran cometido: conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos y obstruir los procedimientos del Congreso. Los miembros del comité de la Cámara Baja han hecho insinuaciones parecidas y algunos abogados han sostenido que hay probabilidades de que también acusen de sedición a Trump.

No obstante, llevar a juicio con éxito las posibles acusaciones sugeridas por Carter y otras personas podría depender de establecer cuáles eran las intenciones de Trump, un asunto que, al parecer, abordó su comunicado de la semana pasada con el argumento de que él creía que su impugnación de los resultados se basaba en dudas legítimas sobre la realización de las elecciones.

Daniel L. Zelenko, un abogado defensor para delitos de cuello blanco y exfiscal federal, señaló que en todos los posibles delitos que se estaban analizando relacionados con el comportamiento de Trump, el Departamento de Justicia tendría que demostrar que el expresidente tenía la intención de cometer un delito. Zelenko comentó que, aunque los nuevos detalles revelados por el comité ayudarían a los fiscales a probar sus intenciones, el gobierno seguía teniendo que afrontar una serie de otras dificultades para entablar cualquier juicio.

“Lo fundamental es tener pruebas actuales de que él dijera que sabía que las elecciones no habían sido fraudulentas, pero que de todas maneras estaba tratando de mantenerse en el poder”, explicó Zelenko, copresidente del ejercicio de la defensa de delitos de cuello blanco en Crowell & Moring. “El problema con Trump es que tenemos que intentar meternos en su cabeza, y su historial de mentiras y embustes es tal, que resulta difícil determinar qué es lo que en realidad cree”. Samuel W. Buell, profesor de Derecho en la Universidad Duke y exfiscal federal, mencionó que cualquier acción penal contra Trump tendría que comenzar por establecer que él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto.

“Hay que demostrar que sabía que lo que estaba haciendo no era correcto y que no tenía sustento legal para hacerlo”, comentó. “No digo que tenga que pensar: ‘Lo que estoy haciendo es un delito’. Se trata de probar que pensaba: ‘Sé que no tengo ningún argumento jurídico, sé que he perdido las elecciones, pero seguiré adelante con una afirmación que sé que es falsa y un plan que no tiene sustento legal’”.

Las audiencias del comité de la Cámara Baja no son un juicio. El panel tiene la libertad de ser selectivo con respecto al testimonio que usa para plantear una acusación contra Trump y el expresidente no tiene aliados en el comité que puedan cuestionar a los testigos ni proporcionarle información que le sea de utilidad.

Sin embargo, las audiencias han hecho hincapié en una serie de testigos que dijeron que antes del 6 de enero le habían dicho de manera directa y constante a Trump que sus aseveraciones de que un fraude electoral le hubiese costado la reelección no estaban fundamentadas.

Además, el comité presentó un testimonio corto, pero posiblemente muy crucial del abogado jefe de Pence, Greg Jacob. En una declaración, Jacob le dijo al panel que, el 4 de enero de 2021, Eastman —quien estaba urdiendo un plan para que Pence impidiera o retrasara la certificación del conteo del Colegio Electoral— que este plan transgrediría la ley de conteo electoral, la cual es la ley federal que rige el proceso. Si el Departamento de Justicia no pudiera establecer ninguna prueba directa de lo que Trump sabía, los fiscales tendrían que recurrir a pruebas circunstanciales. Para hacerlo, por lo general dependerían de lo que los expertos y las personas con autoridad de su alrededor le estuvieran diciendo acerca de si las elecciones en realidad habían sido fraudulentas o si sería legal el tipo de estrategias para impugnar el resultado.

Los abogados explicaron que las recomendaciones de un experto casi siempre son suficientes para demostrarle al jurado lo que sabía el acusado. Pero, según ellos, esto se podría dificultar en el caso de Trump porque se sabe que, desde hace mucho tiempo, no escucha ni a los expertos ni a sus propios asesores.

Debido a las dificultades de demostrar lo que Trump sabía en realidad, hay otra manera en que los fiscales podrían demostrar que no tenía buenas intenciones: probar lo que a menudo se denomina “ignorancia deliberada”.

Según ese principio, el gobierno tendría que demostrar que Trump creía que existía una alta probabilidad de que los expertos y sus asesores le estuvieran diciendo la verdad cuando dijeron que las elecciones no habían sido fraudulentas, pero que él tomó medidas deliberadas para no saber por qué ellos creían eso.

Zelenko comentó que entendía por qué muchos estadounidenses que observaron las audiencias estarían convencidos de que había buenas posibilidades de entablar un juicio en contra del expresidente. Pero advirtió que los criterios para usar pruebas contra un acusado son más exigentes en el tribunal, donde casi siempre los jueces insisten en que los fiscales se basen en testimonios de primera mano, se puede contrainterrogar a los testigos y los fiscales tienen que probar sus argumentos más allá de una duda razonable. El expresidente Donald Trump aparece en el escenario durante un mitin en Casper, Wyoming, el 28 de mayo de 2022. (Natalie Behring/The New York Times) Greg Jacob, a la izquierda, quien fue abogado jefe del vicepresidente Mike Pence y J. Michael Luttig, un exjuez conservador, prestan su declaración en una audiencia del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero, en el Capitolio de Washington D. C., el 16 de junio de 2022. (Haiyun Jiang/The New York Times)