El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó este miércoles como un hecho “gravísimo” el seguimiento que hizo el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, cuando chocó alcoholizado en las calles de Montevideo.

Además, aseguró que “por acción u omisión” hay responsabilidades de jerarcas del gobierno, por ejemplo, el secretario del presidente Nicolás Martínez, quien intercambió (según se desprende de los audios) sobre el asunto. A entender de Pereira, nadie le advirtió a Astesiano que lo que estaba haciendo era ilegal.

“Lo que hoy se supo de Marcelo Abdala y el seguimiento en las cámaras es gravísimo desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de la libertad que los luchadores sociales tienen que tener y que no se pueden utilizar mecanismos del Estado para perseguir senadores o dirigentes sindicales”, aseguró en diálogo con Subrayado.

En este sentido, Pereira opinó que el presidente Lacalle, a esta altura, debe pedir una investigación porque “hay hombres del gobierno que participaron del seguimiento a Marcelo Abdala y de la intención de “matarlo políticamente”.

“Y es grave. Ahí está claro que hay una conversación entre el secretario del presidente y el jefe de seguridad pública, y nadie le dijo que no haga algo ilegal. Lo que le estaba planteando que iba a hacer es ilegal, no puede tomar una decisión de ese tipo. La tomó y nadie le dijo ‘no lo hagas’. Como mínimo hay una omisión”, señaló.

Consultado sobre cómo ve que avanza el caso en el Poder Judicial, Pereira afirmó que a la Justicia hay que dejarla actuar con “tranquilidad” porque cuando uno pide celeridad lo que se pierde es la “calidad”, según dijo el presidente del FA.

“Una investigación de este tipo es importante que no pierda calidad”, añadió.

Finalmente, el expresidente del PIT-CNT y compañero de Marcelo Abdala sostuvo que es “imposible” no cuestionar el “proceder político del presidente”. “Cometió un error que a la postre nos lleva a tener todas estas dificultades institucionales: de seguimiento, de extorsión, documentos falsos para la elaboración de pasaportes y todavía no sabemos cuántas cosas más”, concluyó.