En las últimas horas, y a través de redes sociales, Fernando Pereira volvió a emplear en el caso Marset el mismo calificativo que profiriera días atrás: bochorno.
“Desde hace semanas se está hablando de la situación generada por la entrega de un pasaporte uruguayo a Marset estando detenido en Dubai por entrar con un pasaporte falso de origen paraguayo. Se activaron las alarmas, pero no se actuó en consecuencia por parte de las autoridades”, señaló.
Según Pereira, el tramite del pasaporte del narco tuvo “fallas” y, para colmo de males, se benefició de un tratamiento rápido que -considera- no debió tener.
“El pasaporte debió ser trasladado por la valija diplomática, pero los tiempos que llevaba dicho trámite no coincidían con los tiempos de Marset, por lo cual la Cancillería se lo entregó a sus abogados y lo llevó un familiar de Marset. Todo este aparataje se usó simplemente para evitar una deportación de Marset. Consideramos que el pasaporte no debió ser otorgado”, explicó.
“Por si fuera poco, luego de liberado se le adjudica la orden de asesinar al fiscal Pecci, lo que nos está trayendo una enorme dificultad con el gobierno colombiano, dado que dicho asesinato se produjo en Colombia”, añadió el líder frenteamplista.
Posteriormente, se refirió a la interpelación acerca del tema llevada a cabo entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en el Parlamento. En esa ocasión, los ministros de Interior y Relaciones Exteriores fueron convocados para dar explicaciones acerca del caso.
“La instancia permitió conocer nuevos elementos, pero, como bien expresa la bancada frenteamplista, las explicaciones fueron insuficientes. Los ministros no admitieron los errores políticos que son incontrastables y eso no hace bien a las instituciones ni a nuestra democracia”, consideró.
“La gravedad de la situación nos obliga a reflexionar y actuar. El avance del narcotráfico requiere respuestas políticas, grandes acuerdos y rigurosidad. Es necesario trabajar para fortalecer institucionalmente al Uruguay en un nuevo contexto y mejorar la ley de financiación de partidos políticos”, concluyó Pereira.