Penalistas ven con “preocupación” acciones de grupos de presión, “admitidas” por Fiscalía

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) hizo pública una carta este miércoles dirigida al fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, ante los episodios que se vienen generando a consecuencia de determinadas decisiones que el fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias está adoptando en casos que están bajo su investigación.

Los penalistas, según reza el texto, ven con “preocupación” determinadas acciones adoptadas por diferentes “organizaciones, grupos de presión u operadores”, que a su entender están siendo “admitidas” por la Fiscalía General, que podrían constituir una “indebida afectación de la independencia técnica”, consagrada en el artículo 5 de la ley 19.483. Este articulo brinda el derecho a “no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto”.

“Los cuestionamientos a la labor del fiscal mencionado de archivar una serie de casos, en todo caso corresponde que sean formulados por las vías legales establecidas en el artículo 98.2 del Código de Proceso Penal, por los interesados en cada una de las investigaciones (los denunciantes o las víctimas), no por una entidad gremial que represente a determinada ideología”, señala la carta.

“Del mismo modo consideramos que no es una buena señal de respeto a esa independencia que la Fiscalía General disponga investigaciones sobre esos casos cuando no se están denunciando irregularidades concretas en los actos del fiscal ni estamos frente a las situaciones previstas en el artículo 98.3 o 98.4 del Código de Proceso Penal como para justificarlas”, agrega.

En este sentido, los penalistas comunicaron que constantemente se archivan denuncias en las distintas Fiscalías de todo el país y aseguran que no conocen que se hubiera dispuesto investigaciones al respecto para conocer los motivos o el mérito de esas decisiones. Además, entienden que en este caso advierten que se generó una “campaña de desprestigio por determinados sectores”, que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente manifestó su voluntad de interpretar el derecho, de acuerdo a los principios constitucionales entre los que se destacan el de igualdad y del debido proceso.

“Nuestra agremiación está integrada por abogados que defienden tanto a víctimas como a imputados y que solo pretende que el Sistema de Justicia opere de acuerdo con esos principios de igualdad y debido proceso, utilizando para la protección de los derechos de todos los afectados los mecanismos que consagra la Constitución y la ley, impulsando y tratando de consensuar mejoras en su funcionamiento que respeten esos principios básicos y elementales de todo el Estado de Derecho”, indica.

Finalmente, los penalistas expresaron que, por ello, estarán “siempre en contra de acciones” como las que se están ejerciendo contra Iglesias y otros operadores del sistema, que pretenden “imponer una determinada ideología” por fuera de lo que marca la Constitución y la ley. Esta situación —entienden— atenta contra estos principios de igualdad y de debido proceso.

Adjuntamos misiva enviada por nuestra Asociación, al Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sobre nuestra preocupación por los cuestionamientos al Dr. Raúl Iglesias. pic.twitter.com/FxAldDzGNE

— Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (@A_A_P_U) May 25, 2022

Los penalistas emitieron esta carta luego de que el fiscal de Corte subrogante se reúna con la Intersocial Feminista, que le transmitió quejas sobre el archivo de 300 denuncias relacionadas con delitos sexuales. A raíz de esta situación, la Fiscalía ordenó una investigación tras constatar algunas diferencias entre la cantidad de causas archivadas y las señaladas públicamente, según consignó La Diaria.