Penalistas apuntan a Gómez por el traslado de Fossati y piden un nuevo fiscal de Corte

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) se expresó en contra de la decisión del fiscal de Corte, Juan Gómez, de apartar a Gabriela Fossati del caso Astesiano y disponer su traslado a la Fiscalía de 16º Turno.

En un comunicado emitido este martes, los defensores penalistas aseguran que “no son argumentos válidos los conflictos interpersonales entre fiscales”, en referencia a la denuncia que realizó Fossati contra su par Fernando Romano. Subrayan que tampoco son razones lógicas “los propios pedidos de apartamiento del fiscal natural” porque no están fundamentados en la ley.

“Cierto es que en el escándalo mediático vienen teniendo injerencia los propios fiscales mediante constantes declaraciones a la prensa, el uso y abuso de Twitter y otras redes sociales que van en contra de las recomendaciones internacionales de prudencia sobre cómo deben comportarse en esos ámbitos este tipo de funcionarios públicos”, indica el texto, y agrega que, “hasta no hace poco tiempo”, la actitud de aplomo era una “característica tradicional de los jueces y fiscales uruguayos”.

En la misma línea, la Asociación resalta que este tipo de traslados generan un desorden en el funcionamiento de las diferentes dependencias de la Fiscalía General, dado que “hacen que los nuevos titulares tengan que adaptarse al equipo de la Fiscalía a la que llegan”.

Para los defensores, este tipo de traslados no deben adoptarse porque no están previstos en la norma uruguaya. “Si se entiende que los fiscales incurren en irregularidades corresponde que solo se apliquen las sanciones previstas legalmente, con las debidas garantías”, considera el comunicado.

Este precedente, según la organización, transmite a la sociedad y al resto de los magistrados “el temor [de] que el fiscal que investiga puede ser cambiado en base a vagos criterios de conveniencia de quien ejerza el poder de turno, contribuyendo al descrédito de la institución y del sistema de Justicia”.

El comunicado concluye con una serie de puntos que tienen como destinatarios al sistema político, entre ellos “implementar las reformas del Código del Proceso Penal que otorgue más garantías para las víctimas, imputados y defensores”. Para esto, la Asociación presentó ante el Parlamento propuestas específicas, que esperan sean tratadas por los legisladores.

En el último punto, hacen una solicitud: “Designar a un fiscal de Corte y procurador general de la nación que termine con esta situación de provisoriato que no hace bien al sistema de Justicia, a la Fiscalía General, ni a quien hoy ocupa ese cargo”.

Ante los hechos de público conocimiento, la AAP expresa: pic.twitter.com/3TmAaEAeD9

— Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (@A_A_P_U) March 21, 2023