Algunos casos de abusos o presuntos abusos de funciones por parte de funcionarios policiales estuvieron en la agenda de noticias en las últimas semanas.
En un caso la Fiscalía obtuvo la condena de un funcionario policial que agredió a un motociclista en la zona de Jardines del Hipódromo. Se lo condenó por abuso de funciones y lesiones personales en calidad de autor.
Se lo condenó a 12 meses, uno de prisión efectiva y 11 de libertad a prueba, que incluye la presentación en la seccional policial una vez por semana durante cuatro meses y tres meses de trabajo comunitario.
En otro caso, la jueza de Durazno Patricia Homes resolvió este lunes que los dos efectivos policiales imputados por el caso de la muerte del joven duraznense Santiago Cor fueron “no responsables” del hecho. Los funcionarios policiales estaban acusados por ser los “presuntos autores de un delito de abuso policial y homicidio a título de dolo eventual”.
Tras el fallo que declaró inocente a los policías, la fiscal Bárbara Zapater apelará la decisión de la Justicia.
En diálogo con Montevideo Portal, el abogado penalista Gumer Pérez habló sobre el abuso de funciones y cuestionó que haya situaciones donde colegas suyos actúan en base a “sus intereses particulares”.
“El abuso de funciones está vigente y fue declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en múltiples situaciones, pese a quien le pese”, señaló Pérez. “La postura de colegas que propugnan por su derogación obedece, coyuntural y políticamente, a sus intereses particulares, porque hoy se desempeñan al servicio de los agentes policiales, ya sea a título particular como sindical o gremial”, aseguró.
“La sentencia recientemente dictada por el Poder Judicial sobre abuso de funciones de agentes policiales sobre un ciudadano particular por un incidente de tránsito demuestra la legalidad de la norma”, agregó en referencia al caso de Cor.
Pérez comentó que con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y luego del referéndum reciente, “no se les concedió a los agentes policiales una suerte de ´patente de corso´ para desarrollar sus funciones, pero sí operadores del derecho así se lo hacen ver a la población”. El penalista sostuvo que los policías “no juegan un rol de ´Superman´ o ´ombusdman´ (Defensor de la Ciudadanía) sobre la ciudadanía”.
“En un sistema liberal y democrático la ley penal debe interpretarse e integrarse en forma minimalista, es decir, no abarcar en grande la norma penal, pues el derecho penal es la ´última rattio´ o por lo menos así debe ser en un estado de derecho que se precie de garantista”, añadió.
En ese sentido, Pérez sostuvo que “pensar lo contrario e inculcar la cultura de la violencia policial que se trasluce en un ´abuso policial´, es fomentar una tormenta de situaciones que dejan al ciudadano en un estado de desprotección o indefensión, cuando debería ser todo lo contrario”.
El abogado penalista consideró que “tratar desde el mundo jurídico trasladar esa postura hacia la población es sembrar ´terrorismo´, es imponer el temor frente a la autoridad policial, que debe ser un aliado a la población y no un enemigo”.
Para Pérez, “sembrar esta cultura del enfrentamiento entre ciudadanos y agentes policiales no contribuye a una buena señal de convivencia social, muy por el contrario, busca fomentar una ´grieta´”.
“Basta pensar y repasar algunos hechos concretos en que algunos profesionales del derecho se pusieron del lado otro de la ley y se alinearon a la ´política´ partidaria momentánea, por la suerte electoral que les tocó en los últimos tiempos para justificar su posición jurídica”, añadió.
El penalista afirmó que los operadores del derecho penal deben poner “sobre los estrados judiciales” valores como “la lucha por la justicia” sobre “los estrados judiciales” y no los “Intereses ocasionales, circunstanciales, oportunos y momentáneos”.
“Así lograremos una mejor justicia, un mejor derecho y una mejor convivencia ciudadana, libre de intereses personales, mezquinos, espurios y fortuitos”, concluyó Pérez.