El Senado y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a determinar los prestadores de asistencia a los cuales se destinarán los afiliados y parte de los funcionarios de Casa de Galicia, mutualista que la Justicia determinó su cese de actividades.
El proyecto fue aprobado por 27 votos de 29 en el Senado y fue votado también por oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados (89 en 91).
En su artículo 1.°, el proyecto establece que en un plazo “máximo de 15 días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente ley” se determinarán los prestadores entre aquellas instituciones elegibles de conformidad a la nómina y criterios regulados por el artículo 2.°, “a los efectos de garantizar la cobertura universal, la accesibilidad y sustentabilidad de los servicios de salud, la eficacia en términos económicos y sociales, y el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y la capacidad sanitaria instalada y a instalarse”.
Las condiciones que deberán tener los prestadores de salud “elegibles” debe ser que el padrón de usuarios no exceda los 100.000, que más del 20% de ese padrón no sean mayores de 65 años, que el incremento de usuarios no supere el 15% del padrón ya existente, entre otras ponderaciones como la cantidad de camas de cuidados moderados y de centros de terapia intensiva (CTI) respecto al número total de usuarios.
De ser aprobado, los usuarios podrán dentro de un plazo de 30 días “migrar libremente al prestador de salud que elijan voluntariamente”, sostiene el documento.
Por su parte, el artículo 4° señala que “los trabajadores dependientes de la institución Casa de Galicia, que se encontrarán en la historia laboral nominada al 31 de diciembre de 2021 y hayan registrado actividad con aportes en los últimos tres meses, se distribuirán entre los prestadores de asistencia integral de salud determinados por el Poder Ejecutivo en forma proporcional a la migración de usuarios”.
Acuerdo político
Tras el acuerdo, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés destacó que el proyecto “surge de una negociación muy importante que llevó el Poder Ejecutivo con las instituciones médicas, con el sindicato y con el sistema político”.
“Es muy difícil cuando se habla en términos absolutos. Puede haber gente que legítimamente esté en desacuerdo y no le gusta la solución. El gobierno priorizó en este caso la necesidad de mantener la calidad sanitaria que recibirán los usuarios de Casa de Galicia y mantener la mayor cantidad de fuentes laborales”, apuntó el legislador.
Por su parte, el senador del Frente Amplio y exministro de Salud Pública Daniel Olesker sostuvo que, aunque no se logró todo lo que su partido reclamó, como mantener un piso salarial para los trabajadores, igualmente había conformismo desde la oposición con el proyecto presentado.
En esta linea, el diputado Luis Gallo remarcó que el proyecto contempla la posibilidad de que Asse pueda acceder al concurso de bienes en el momento de la liquidación, tomando en cuenta los edificios estratégicos y la alta tecnología que posee Casa de Galicia.
"Es un día triste, pero se pudo articular la mejor salida en las actuales circunstancias" , manifestó Gallo.
En tanto, el senador nacionalista Sergio Botana decidió no acompañar el proyecto que vino desde el Poder Ejecutivo, en parte porque se inclinaba por una reestructura de Casa de Galicia, que “tenía un costo diez veces menor” que la solución planteada.
El exintendente de Cerro Largo argumentó que la solución que se tomó fue a la “Olesker” y manifestó su preocupación por el recurso de apelación en la Justicia que todavía está en curso
“Antes de que el difunto esté muerto se están repartiendo las pilchas”, expresó.