Parlamento aprobó limitación al derecho de reunión por 120 días; FA volvió a oponerse

El Parlamento aprobó este jueves en sesión extraordinaria la limitación al derecho de reunión, consagrado en el artículo 38 de la Constitución, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En primera instancia, la Cámara de Senadores realizó algunos cambios a la normativa y sobre las 16 horas aprobó con 16 votos en 29. Los tres partidos de la coalición multicolor en la cámara alta (Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto) apoyaron la propuesta. El Frente Amplio se volvió a oponer, al igual que en diciembre.

Minutos antes de las 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó con 52 votos en 89 la norm.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo habilitaba al Gobierno a prorrogar la limitación al derecho de reunión por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Sin embargo, la bancada oficialista en el Senado cambió esto y puso un límite de 120 días. Según dijo la senadora blanca, Carmen Asiaín, la modificación fue a sugerencia de colorados y cabildantes.

El tercer artículo de la norma establece que la limitación finalizará antes de los 120 días si se declara el fin de la emergencia sanitaria. 

La bancada de legisladores del Frente Amplio, por su parte, rechazó una vez más la medida.

“No vamos a acompañar limitar un derecho constitucional de esta manera y bajo lo que está estipulado por la ley. Le da una arbitrariedad enorme al Poder Ejecutivo para prorrogar esa limitación”, dijo el senador Alejandro Sánchez.

El proyecto de ley en discusión, a diferencia del anterior, habilita al Poder Ejecutivo a prorrogar la limitación al derecho de reunión mientras se mantenga la emergencia sanitaria. En el proyecto votado en diciembre (que vence hoy) se habilitaba la limitación por 60 días con una prórroga de 30 más.

“Debemos tener muy claro que hay que evitar aglomerarse y restringir la movilidad, pero esta herramienta que trae el Poder Ejecutivo no es eficiente ni da resultados. Hasta hoy estuvo vigente esta ley ¿qué ha pasado? han aumentado los casos de contagio, a las pruebas me remito”, argumentó Sánchez.

El dirigente del MPP dijo que las medidas que debería tomar el Gobierno “son otras” y apuntó a que “los trabajadores con comorbilidades no vaya a trabajar y vayan al seguro de salud”.

A su vez, pidió que los trabajadores que son contactos de contacto de un caso de COVID también ingresen al seguro de salud: “Ahora lo que sucede es que si soy contacto de contacto, hago cuarentena en mi casa pero me descuentan una semana de salario. Muchos trabajadores van a trabajar sin saber si están contagiados o no”, aseguró.

Otros legisladores opositores también se manifestaron a través de las redes sociales. Por ejemplo, la senadora Silvia Nane (que ingresó al Parlamento como suplente de Carolina Cosse), no se pudo hacer presente en la sesión por estar cursando el COVID pero escribió en su Twitter: “La senadora Asiaín se cobija en las recomendaciones del GACH para restringir derechos reglamentando nuevamente el artículo 38 de la Constitución. Solo usan la ciencia para recortar derechos”.

¿Y en diciembre?

El 18 de diciembre de 2020 se aprobó por primera vez la limitación a este derecho con los votos de la coalición. En su momento, la negativa del Frente Amplio apuntaba a que las aglomeraciones en los espacios públicos no eran el principal factor de contagio y a que el Ministerio del Interior esté al frente de la disuasión.

"Hay que tratar de evitar las aglomeraciones, pero nosotros vamos por otro camino. En darle facultades, en mérito del artículo 44 de la Constitución de la República, a la policía sanitaria que pueda actuar (en referencia al Ministerio de Salud Pública), y defina los protocolos para dar certezas al conjunto de trabajadores de nuestro país. Para que apliquen con profesionalismo esos protocolos y llegado el momento, recurra al auxilio de la fuerza pública con el objetivo de evitar aglomeraciones", dijo el senador Charles Carrera en ese momento.