El Parlamento de
Galicia aprobó una proposición no de ley por la que se solicita a las
autoridades competentes de Uruguay que se tomen todas las medidas necesarias
para garantizar la protección sanitaria de los socios de Casa de Galicia, así
como todas aquellas que, ajustadas a derecho, garanticen la protección y la
integridad del patrimonio cultural, artístico e histórico de esta entidad para
que permanezcan en el ámbito de la galleguidad en el propio país, ayudando a
los socios en su adquisición, o haciéndolo directamente la Administración, en
el caso de no ser posible otra solución.
Una proposición no de ley es una Iniciativa de control e impulso
político formulada por los grupos parlamentarios, con el objetivo de que la
Cámara exprese su posición sobre una cuestión concreta
En la propuesta, aprobada en la reunión de la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebrada el 20 de abril, también se demanda que, tanto el Estado como la Xunta, continúen con las medidas que correspondan dentro de sus competencias para asegurar la protección socio-sanitaria de los emigrantes gallegos.
La diputada del Grupo Popular, Raquel Arias, manifestó que, ante el cierre de Casa de Galicia de Montevideo, “nuestra preocupación es doble: por un lado, la protección sanitaria de sus socios, de manera particular de los gallegos; y, por otro, la protección de su patrimonio y la garantía de su continuidad”, según recoge el medio Galicia Exterior.
Sin embargo, recordó que, como consecuencia de la calificación jurídica de Casa de Galicia de Montevideo, “sólo el gobierno y el resto de poderes establecidos por la Constitución y las normas del Estado de Uruguay son competentes para el control, desde cualquier punto de vista, de esta institución”. Aun así, “eso no quita que desde la Xunta se siga muy de cerca y de forma continua la situación de Casa de Galicia, al igual que se hace con el resto de entidades en diferentes países del mundo”, subrayó.
Raquel Arias se refirió a los numerosos contactos desde el año 2016, e intensificados en los últimos meses, realizados por la Xunta de Galicia, a través del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y del propio delegado de la Xunta en Uruguay, Alejandro López Dobarro, ante las autoridades de este país, el embajador de España, José Javier Gómez-Llera, y el consejero de Trabajo, Vicente Pecino, para llegar a una solución satisfactoria para Casa de Galicia.
A través de estos contactos, señaló la diputado del PPdeG, la Xunta solicitó que el Gobierno de Uruguay agotase todas las acciones posibles, ejecutivas o de iniciativa legislativa, para lograr una solución que permitiese dar continuidad a Casa de Galicia, al tiempo que se adoptasen todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los asociados de esta institución en lo referente a la atención a la salud y para garantizar la protección del patrimonio cultural, histórico y artístico de la entidad.
“La Xunta mantiene un contacto continuo con los socios de la entidad y con todos los que, de una forma o de otra, están luchando por la continuidad de Casa de Galicia de Montevideo, al tiempo que mantiene una coordinación con el Gobierno de Uruguay para hacer un seguimiento de la situación y dar los pasos que procedan en cada momento para la atención tanto de los pacientes como del patrimonio de la entidad”, afirmó la diputada popular.