Para penalista, podría existir “abuso de funciones” por parte del ministro Germán Cardoso

El caso de las conversaciones del ministro de Turismo Germán Cardoso con el coordinador de la Policía de Maldonado, quien el pasado miércoles fuera imputado por varios delitos, tuvo varias repercusiones políticas. Desde el gobierno y la coalición hubo apoyos a Cardoso, mientras que la bancada del Frente Amplio pidió la renuncia del ministro por entender que se trataba de un caso de corrupción.

El fiscal del caso, Jorge Vaz, dijo que hubo solicitudes de Cardoso al número tres de las Policía en Maldonado, pero consideró que ninguna configuraba un delito.

En diálogo con Montevideo Portal, el abogado penalista Gúmer Pérez señaló que "por la investidura de ministro" podría existir un eventual "abuso de funciones".

"Dentro de las funciones del ministro no está llamar al coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado para pedir si habían hecho la espirometría a una mujer que era amiga de su pareja. Tampoco está en sus funciones llamar a la Policía para que interceda en un caso de violencia doméstica en una casa o un apartamento", señaló Pérez.

"Hay elementos que hacen que se pueda llegar a la conclusión de que el abuso de funciones es la figura que encuadraría el ministro en abuso de la función del cargo que ostenta, intentando un provecho para un tercero en este caso. No pasa por un provecho económico, sino por alcanzar determinadas informaciones que no están a su alcance porque él no tiene esas funciones", agregó.

En ese sentido, el penalista considera que "el ministro de Turismo no tiene como funciones solicitar informes a la Policía sobre la vida particular de las personas, hay otros canales que están dentro de los objetivos y funciones que tiene el Ministerio de Turismo". "No creo que sus funciones sean andar requiriendo a la autoridad policial determinadas cuestiones que hacen a la vida de la Policía y a las investigaciones policiales", señaló.

"Al menos, desde el punto de vista jurídico y del derecho penal estaríamos ante un eventual abuso de funciones", añadió.

Por otro lado, Pérez entiende que "hay normas de orden público, de lo que se desprende de la información del caso, de que hay un apartamiento a las normas que establecen la ética en la función pública".

"La investidura hace más importante el apartamiento de estas normas éticas que regulan la función. El decreto 30/003 de la Ley 17.060 regula específicamente las normas de la función pública", agregó.

El abogado penalista sostuvo que la conducta de Cardoso "sería pasible de ser escuchada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y conocer su opinión, ya que la junta se ha expedido en varios casos de funcionarios públicos". Pérez cree que además de la vía penal y el análisis de la Jutep, "debería haber una investigación parlamentaria o explicaciones del ministro a través de su cuerpo, que son los senadores".

"Al ser un ministro de Estado sería interesante la autorizada opinión de la Jutep sobre si hay un apartamiento o no de este decreto que regulariza los controles de la ciudadanía a los funcionarios públicos, que son a quienes se encomendaron determinadas funciones", concluyó.