A la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY) tiene una gran preocupación ante la eventual aprobación del plebiscito de la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt y sus potenciales consecuencias para el país.
Ante este escenario, la gremial empresarial decidió salir públicamente a debatir contra los argumentos de los que apoyan el Sí.
En este marco, el directivo de la institución y exgerente general de República AFAP, Carlos Matyszczyk, disertó para un grupo de periodistas el pasado lunes a la noche para argumentar en contra de la reforma constitucional que se propone para las jubilaciones y pensiones.
El ingeniero enfatizó en primer término algunas buenas prácticas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) sobre reformar los sistemas previsionales.
“Garantizar la viabilidad financiera a largo plazo, proyectar ingresos y egresos del sistema 75 años hacia adelante, teniendo en cuenta variables demográficas, macroeconómicos y económicos financieras y la revisión cada tres o cinco años de cada reforma que se lleve adelante en este ámbito”, resumió Matyszczyk.
Posteriormente el directivo de la CCSUY, que estuvo al frente de República AFAP durante 26 años, enfocó su presentación a los problemas e inconvenientes que puede generar la prohibición del ahorro individual, como propone la papeleta impulsada por la central sindical y apoyada por algunos sectores del Frente Amplio (Partido Comunista, Partido Socialista y Partido por la Victoria del Pueblo).
“El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del estado y de personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio”, consigna la papeleta que busca modificar el artículo 67 de la Constitución de la República.
En esta línea, Matyszczyk advirtió que en caso de prosperar la propuesta se va a generar un “déficit imposible de pagar para la sociedad uruguaya”, además de la imposibilidad de asignar de recursos para otras áreas de interés social, como por ejemplo la infancia.
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
También señaló que afectaría de forma directa el ahorro individual y que, como consecuencia del aumento sostenido del déficit fiscal, que se estima sería al menos de 200 millones por año, se perdería el grado inversor de la deuda soberana.
Esto, remarcó, implicaría para los uruguayos un aumento del pago de intereses de deuda, lo que provocaría un mayor aumento aún del déficit fiscal. Basado en datos del Banco de Previsión Social (BPS), el profesional presentó una gráfica sobre el impacto que tendría la reforma para el sistema administrado por el BPS con tres escenarios posibles: el de la reforma constitucional (déficit de 8,1% del Producto Interno Bruto), el proyectado a partir de la reforma de la ley votada durante este período (déficit de 2% del PIB) y el que habría en caso no haberse votado la actual reforma (déficit de 4,6% del PIB).
Con respecto al ahorro individual como mecanismo, el ingeniero valoró que “complementa el régimen de reparto para lograr un sistema financieramente establece”.
“La OIT promueve los sistemas multipilares que incluyen el ahorro individual. Es la herramienta estándar utilizada por países con dinámicas demográficas similares a la de Uruguay”, señaló Matyszczyk.
A su vez, recordó palabras del exministro de Economía Danilo Astori, quien opinó en su momento que “suprimir el sistema mixto sería recorrer el camino contrario al que necesita el país”. También valoró que tanto gobierno como gran parte de la oposición entienden que “el ahorro individual debe estar presente” en el sistema jubilatorio uruguayo.
Considerando este aumento proyecto del déficit, el disertador advirtió que en caso de aprobarse la reforma constitucional se deberá prestar una asistencia financiera desde el Estado central para poder solventar el mayor gasto en jubilaciones y pensiones solo para atender los egresos del BPS.
A su vez, deberán ser asistidas la Caja Bancaria, la Notarial y la Profesional, obligación que el Estado actualmente no tiene, aclaró Matyszczyk.