Para frenar circulación el Gobierno está ante una "encrucijada de hierro", según penalista

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que a partir del 1° de abril la Policía recorrerá las rutas nacionales para controlar que no haya traslados y circulación innecesaria, a raíz del coronavirus.

Las autoridades de Maldonado y el ministro de Turismo, Germán Cardoso, se reunieron este lunes y en diálogo con el titular de la cartera del Interior, Jorge Larrañaga, avanzaron en estrategias para desalentar la llegada de visitantes al departamento. Habrá retenes policiales en las rutas, se monitorea a hoteles para que no ofrezcan promoción alguna, se cierran los campings y se desalienta a propietarios a pasar la cuarentena a Punta del Este. En los retenes se solicitará documentación a la gente y se le pedirán los motivos de su circulación. la Policía ha insistido en que se trata de exhortaciones a no circular.

En los últimos días, además, se produjeron cortes de calles por parte de vecinos que intentaron impedir que las personas ingresen a los balnearios, ya sea a sus hogares o casas alquiladas. Por ejemplo, vecinos de La Paloma reclamaron el cierre del balneario ante ingreso "masivo" de visitantes y pobladores de Punta del Diablo cortaron la ruta para impedir el ingreso al lugar.

Esta situación podría colocar al Ministerio del Interior en una "encrucijada de hierro", opinó el penalista Gumer Pérez, ya que para hacer cumplir la ley deberá ir a contrapelo de aquello a lo que está exhortando.

Pérez recordó en primera instancia que la Policía puede exhortar pero no impedir a un auto seguir camino por la ruta si su conductor así lo desea. "Desde el punto de vista constitucional sería absolutamente ilegal impedir la circulación por rutas nacionales cuando no hay una ley que establezca una cuarentena obligatoria y mucho menos hay medidas prontas de seguridad en las que el gobierno se pueda amparar", dijo.

En estos casos, "no se puede gobernar por exhortos o recomendaciones que no son obligaciones", recordó. "Exhortar no es obligar. Para obligar hay que tener una ley", apuntó.

Explicó que con respecto a los cortes de ruta de vecinos, la ley y los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo establecen la libre circulación y añaden que no puede haber piquetes u ocupación de las calles sin permitir el paso. Por lo tanto, si los vecinos impiden pasar a alguien que intenta llegar a su casa, por ejemplo, la Policía debería intervenir para permitir la libre circulación y que pueda arribar a su hogar.

Pérez citó el decreto 127/999, de 1999, que establece que el Ministerio del Interior "dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza".

Además, el artículo 7 de la Constitución ampara a los habitantes de la República en el derecho a ser protegidos en el "goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad" y el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que toda persona "tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado".

Otro decreto firmado en 2017 prohíbe la realización de piquetes que impidan la circulación, faculta al Ministerio del Interior a tomar las medidas necesarias frente a los casos en que se obstaculicen las rutas, calles o caminos e incluso habilita a otros organismos públicos para ayudar a cumplir con esos objetivos.

Si bien este último decreto fue impulsado por el gobierno anterior, el gobierno actual también manifestó su interés en que se respete la libre circulación. La Ley de Urgencia que aún no ha podido ser considerada declara (en su artículo 448) ilegítimos los piquetes que afecten la libre circulación y faculta al uso de la fuerza pública para disolverlos.

Pérez recordó que por ello es necesario que se apruebe una ley para tratar esta coyuntura, acotando que incluso la decisión de la intendencia de Maldonado de prohibir y precintar el acceso a espacios públicos es inconstitucional en estas condiciones. "Solo una ley podrá recortar derechos constitucionales, restringirlos o reprimirlos, y debe ser por razones de interés general; hasta ahora no hay ninguna ley, que puede aplicarse en una coyuntura como la actual, pero hay que hacerla", apuntó.