El Frente Amplio (FA), que este sábado realizó el Plenario Nacional, declaró que ve “con alarma el proceso de degradación institucional que atraviesa la República”. De este modo, el partido político destacó el caso de “corrupción” vinculado al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, “la entrega de pasaporte al narco Marset” y el “escándalo de la entrega de la terminal portuaria hasta el año 2081”. Para la fuerza política estos eventos “constituyen hechos de enorme gravedad” que “preocupan” y “ocupan”.
En esta línea, el FA se amparó en la actuación del Poder Judicial y la Fiscalía. “Estamos trabajando con enorme responsabilidad y firmeza para contribuir a que se esclarezcan las responsabilidades políticas sobre los hechos y se fortalezcan los mecanismos institucionales que permitan mantener la transparencia, la seguridad y la calidad democrática de nuestro país”, declaró en un comunicado.
Según la fuerza política, el “deterioro institucional” y “el aumento de la desigualdad” son “piezas” de un modelo que no comparte, “por su carácter regresivo para las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales”.
“La pérdida de salarios, el debilitamiento de la negociación colectiva, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones y de la población en general, y el aumento de la pobreza infantil, son las principales consecuencias de un modelo económico que privilegia a los poderosos y cae sobre las espaldas de los sectores populares”, agrega la misiva.
Asimismo, sostiene que el Gobierno “incumple con sus promesas electorales” y “lleva adelante un plan de desmantelamiento de las empresas públicas que favorece a unos pocos privados en detrimento de la calidad de los servicios y la soberanía nacional”. De este modo, la fuerza política aseguró que la “minimización” del rol del Estado “se ve reflejado en las desiciones de política, planes y programas”. En esta línea, apuntó contra el proyecto Neptuno, que “privatiza el agua” y se aprobó “sin participación de la sociedad”, el “desmantelamiento de Antel”, la “privatización” del portland, la “reducción de controles en la aplicación de agroquímicos que afectan la salud de los trabajadores y la calidad de los ecosisitemas”.
Por su parte, el FA plantea que el modelo de gobierno del oficialismo “impuso” de manera “inconsulta a la comunidad educativa” una reforma con “cambios negativos” y “a las apuradas”, sin “presupuesto” y con una “gestión caótica”. “Rechazamos enfáticamente la forma y el contenido de las políticas educativas del gobierno. Nos manifestamos en contra del desmantelamiento del cogobierno en la UTEC [Universidad Tecnológica del Uruguay]”, aseveró.
En lo que respecta a la situación de las ollas populares, la fuerza política rechazó y consideró “inadmisible” la “persecución”, ya que “dieron respuesta en los momentos más duros de la pandemia”. Según el FA, “las ollas cubren la ausencia del Estado” y “siguen acompañando a decenas de miles de compatriotas en situación de inseguridad alimentaria”. Así, definió: “Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho de las personas a elegir con libertad qué quieren comer en su propia mesa”.