Para arquitectos, proyecto de isla artificial “puede empeorar los problemas de Montevideo”

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo de crear una isla artificial en Punta Gorda.

Los arquitectos señalan que el proyecto MVD 360 “no representaría una innovación”. “Más bien refiere a la copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros”, advierten.  

“El decreto presidencial, al argumento del beneficio de la inversión privada y la generación de empleo, solo agrega -sin especificar mayores fundamentos o fuentes especializadas- que el emprendimiento será de beneficio para Montevideo y su paseo costero, lo cual resulta al menos dudoso”, agrega el gremio.

La SAU expresó que la población de Montevideo “no solo no crece, como sucede en todo el país, sino que particularmente puede registrar en un futuro inmediato tasas negativas”.  “Salvo que se piense en importar población, un emprendimiento radicado en un solo punto de la ciudad determinaría un corrimiento de población que hoy habita en otros lugares, con el consiguiente perjuicio en la calidad de vida y sostenibilidad económica para las zonas que se abandonan”, añaden.

El gremio considera que el proyecto MVD 360 “plantea un modelo de ciudad segregada, una isla en el mar con una concepción contraria a una ciudad equilibrada e integrada”.

Además, sostienen que la rambla montevideana “es el espacio público por excelencia y que da cuenta de una sociedad democrática, que siempre ha protegido el carácter público del borde costero”. “Alterar la imagen con un elemento distorsionante de esta entidad cuestiona valores identitarios que deberíamos proteger siendo monumento histórico cultural y echa por tierra la legítima aspiración de declarar este espacio como patrimonio de la humanidad”, aseguran.

Por último, cuestionaron esta propuesta por desconocer “los procesos de planificación territorial y ambientales en curso” y advierten que generará “impactos ambientales, paisajísticos, de movilidad y segregación social inconvenientes y probablemente irreversibles”.

Este proyecto fue rechazado por la Intendencia de Montevideo (IM) y a raíz de esto el edil nacionalista Pablo Fredes cursó un pedido de informes en la Junta Departamental para ahondar en los "elementos de juicio" que llevaron a la comuna a tomar esta decisión.

Además, el diputado por el Partido Nacional (PN), Alfonso Lereté, planteó al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que la propuesta se concrete en la costa del departamento de Canelones.