El fiscal general de la Nación, Juan Gómez, rechazó el proyecto de ley que presentó la semana pasada la bancada de Cabildo Abierto (CA) en el Senado, que pretende ampliar el delito de prevaricato, para jueces y fiscales que incurran en un mal o erróneo desempeño de su función de forma intencional.

En el artículo 1° del proyecto de ley se establece que el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, “será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, multa de 60 a 12.000 Unidades Reajustables (UR) e inhabilitación especial de 3 a 7 años”.

También se mencionan penas para el delito de “ocultamiento de pruebas”. En esta línea, se plantea que “el fiscal que oculte medios probatorios de su investigación preliminar, a la defensa o la víctima”, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, multa de 60 a 12.000 UR e inhabilitación especial de tres a 7 años”.

Entrevistado por el diario El País, Gómez sostuvo que es “impresentable” la iniciativa planteada por el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos.

“Miro con atención el proyecto de ley presentado que criminaliza la actividad de los fiscales”, aseguró el fiscal de Corte.

“Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, agregó y expresó que lo que motiva esta propuesta es un “movimiento” en contra de los operadores judiciales. “Lo digo con mucho respeto, esto es impresentable”, acotó.

 “No puedo calificar a los legisladores de mi país, pero me parece que es un contrasentido enorme”, aseveró Gómez. En ese sentido, comentó que el proyecto representa al mismo tiempo el “no respeto” al sistema acusatorio, que es el que rige en el país, cuando establece que el juez formalizará a los fiscales e indicará a otro fiscal que presenta la acusación.

“Son cosas que no guardan un sentido lógico. La titularidad de la acción penal la tienen los fiscales, les guste o no les guste, estará bien o mal. Yo creo que cualquier retoque que se haga en eso sería un retroceso brutal del sistema. Se habla de reformar la Fiscalía como si acá estuviera el poder, y acá está la responsabilidad, no el poder. Es algo serio, es pensar en la gente; no es una cuestión de poder, definitivamente no lo es”, añadió.