Un informe lanzado esta semana señala que el Estado uruguayo tiene una “deuda” con las mujeres, producto de desigualdades económicas preexistentes que se intensificaron durante la pandemia de covid-19.
Esta deuda ascendió en 2020 al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI), por concepto de “pérdidas en términos de inserción laboral y desarrollo adicional de tareas no remuneradas”. También se señala que “la deuda continuó acumulándose en 2021”, aunque disminuyó a un 1,4% del PBI, “en consonancia con la recuperación por la que fue transitando la economía durante ese año”.
El documento, elaborado a través de un convenio entre la organización Cotidiano Mujer y el Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (Udelar) y financiado por ONU Mujeres, generó un modelo diseñado para calcular la “deuda a nivel nacional” hacia las mujeres.
Asimismo, el estudio, titulado “La pandemia en Uruguay: ¿cuál ha sido el costo para las mujeres?”, dice que a las mujeres les correspondió entre un tercio y un cuarto, aproximadamente, del total de reducción salarial por la pérdida de puestos de trabajo entre 2020 y 2021 (de un 33,2% en el 2020 y de 23,2% en el 2021, entre los dos años, 28,2%).
“En cambio, sobre ellas recayó la amplia mayoría de la deuda total por trabajo no remunerado: 70,6% del total de esta dimensión en 2020 y 66,3% en 2021”, afirma.
Para hacer esta lectura cuantitativa sobre las desigualdades de las mujeres en cuanto a lo adeudado a ellas, el documento integra información sobre el mercado laboral y el trabajo no remunerado. Con estos dos puntos se llega a la deuda estimada, es decir, a la cifra de cerca del 30% antes señalada.
La versión a la accedió Montevideo Portal está fechada a fines de octubre de 2023, pero será lanzada este miércoles 29 de noviembre a las 11:00 en el Centro Cultural de España.
El informe añade una tercera dimensión que es la “dimensión política” o de acceso de los hogares a los recursos y que se cuantifica a través de las “transferencias no efectivizadas”, que, según los investigadores a cargo, refiere a montos de dinero no desembolsado por el Estado “que podrían haber atenuado la situación de pérdida de ingreso”.
Así, se llega al cálculo que estima el “costo monetario que supuso la pandemia para las mujeres en Uruguay en 2020”: el 0,61% del PBI corresponde a la dimensión laboral; el 1,25% del PBI al área de trabajo no remunerado y el 0,19% fue por concepto de transferencias que deberían haberles llegado a los hogares y no lo hicieron.
En este último punto, el informe llega a la conclusión de que, si el impuesto que gravó al 7% de mayores ingresos laborales durante la pandemia, se hubiese extendido “a la totalidad de los perceptores del 7% superior”, “hubiera permitido aumentar sustancialmente la recaudación, contribuyendo en mayor medida a solventar la expansión de las transferencias requerida”. Sin embargo, solo se consideraron las rentas laborales y solo fueron gravados los empleados públicos, por lo que se “gravó en mayor medida” a las mujeres “por concentrarse en empleos públicos”.
El análisis se complementó con un relevamiento de datos “sobre las percepciones y comportamientos vinculados a la seguridad alimentaria y a otras vulnerabilidades durante la crisis”, realizado a partir del informe Latinobarómetro 2020.
Aquí se puede ver, por ejemplo, en cuanto al reporte de ingresos, cuando se compara los datos de 2018 con los del 2020, “a nivel general, en ambos años, las mujeres de cada quintil reportaron en mayor medida que los varones que los ingresos de sus hogares eran insuficientes”.
El estudio fue firmado por las investigadoras Verónica Amarante, Paola Azar, Jéssica Schertz y Andrea Vigorito.