En la conferencia que realizó anoche para medios del interior, el presidente Luis Lacalle Pou recibió una consulta sobre la despenalización del aborto.
El corresponsal de Radio Felicidad de Paysandú le manifestó a Lacalle su preocupación por "los diez mil niños que no nacen en este país, una situación muy lamentable y grave que estamos teniendo en un país con baja natalidad".
"Hay hoy anticonceptivos y mil maneras para no quedar embarazada la mujer; hablando de derechos, el derecho es solo para una parte, la mujer. No contempla el derecho del hombre ni tampoco el del niño que seguramente no tiene voz. ¿Qué puede hacer el Estado al respecto para que esto no siga sucediendo?", preguntó el periodista.
Lacalle replicó: "La pregunta, que tiene un tinte de esencia y personal, la tengo que contestar con mi investidura. En ese sentido, desde el punto de vista personal tomé decisiones como legislador cuando se votaban esos proyectos de ley, manifesté mi voluntad contraria".
"Creo que sin perjuicio de la filosofía de cada uno y de lo que hayan votado, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados, entiende que hay vida desde la concepción, y en ese sentido un niño no nacido tiene derecho", agregó.
"Esa es la visión del presidente de la República. Simplemente, cuando una sociedad lo ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendado en la opinión pública, es una ley vigente. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda provida que estoy seguro que todos los que estamos acá compartimos sin perjuicio de lo que haya votado en la ley de interrupción voluntaria del embarazo", manifestó el presidente.
Señaló que hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y nacional, que "hacen al acompañamiento y protección a la madre que no desea serlo".
"Obviamente que la masificación de los anticonceptivos es una buena cosa, que debe ir acompañada de una educación sexual para que desde temprana edad todos sepan a qué atenerse cuando se tienen las prácticas sexuales", concluyó.
Sus palabras le valieron muchas críticas desde el Frente Amplio y una señal positiva por parte del arzobispo Daniel Sturla.
"Un avance significativo en el camino de la defensa de la vida humana más débil", señaló al comentar por Twitter las palabras del presidente.
La respuesta del FA
La bancada de senadores del Frente Amplio hizo una declaración ante los dichos referentes a la agenda pro-vida. "Defenderemos la agenda de derechos", señaló el FA.
"Uruguay es uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y en la implementación de políticas públicas que garanticen su ejercicio, destacándose la promulgación de la ley Nro. 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley Nro. 18.426 del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Estas leyes fueron aprobadas luego de un extenso debate legislativo y social, que involucró la participación no sólo de actores políticos, sino también de la sociedad civil y la academia", comienza la declaración.
"La ejecución de una política integral integral de salud sexual y reproductiva ha permitido ubicar a Uruguay como uno de los países con menor mortalidad materna vinculados al embarazo, parto, puerperio y aborto de toda América Latina y ha cambiado el paradigma de la relación sanitaria, promoviendo una atención basada en el respeto por los derechos de la mujer, en la promoción del asesoramiento y la información para la toma de decisiones, la anticoncepción universal y gratuita y la instalación de servicios seguros de atención sexual y reproductiva", continúa.
Sin perjuicio de lo anterior, dice, "aprobar leyes no es suficiente: el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento, removiendo los obstáculos de acceso al servicio, robusteciendo los servicios, asegurando los recursos para universalizar la cobertura, fortaleciendo el sistema para asegurar la mejor atención posible, avanzando en la educación sexual y reproductiva, entre otros".
"Los dichos del señor presidente de la República, respecto a que el gobierno cuenta con una agenda ‘pro vida', atenta contra los cometidos que impulsaron la promulgación de la normativa vigente y la implementación de una política de salud pública que ha demostrado ser exitosa, y garantista de los derechos humanos de las mujeres. Manifestamos nuestro rechazo a los dichos del señor presidente que ponen en duda la promoción del cumplimiento de la normativa vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, generando una alerta en este momento tan especial con respecto al goce de derechos humanos adquiridos y principios democráticos fundamentales", concluye.