PN reafirma reparos a ley de financiamiento, pero Gustavo Gómez dice que es “por la plata”

El diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez anunció este martes que se planteó a la comisión especial que trata el proyecto de ley sobre financiamientos de partidos políticos una nueva fecha para votar el documento.

El legislador indicó que la propuesta es que la comisión sesione el próximo 24 de noviembre y ese día los partidos voten el texto. En un principio, la fecha límite establecida había sido el próximo jueves. “Eso tendrá que ser ratificado por el plenario de la Cámara”, agregó Rodríguez, en relación con la extensión del trabajo de la comisión especial.

Rodríguez hizo hincapié en que “varios artículos” del proyecto —que cuenta con los votos del Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio— “vulneran” la Constitución. “Vulneran derechos y garantías de los partidos políticos. En algunos casos se transforman en normas de difícil o hasta imposible implementación”, indicó.

La bancada de senadores del Partido Nacional mantuvo el lunes una reunión para escuchar a los diputados blancos. A la salida, legisladores como Jorge Gandini cuestionaron el artículo 13 de la iniciativa que establece que, durante el período electoral, el espacio admitido para tandas publicitarias deberá ser de 20 minutos por hora, 10 de los cuales tienen que reservarse para anuncios gratuitos.

“El gran botín de esa ley son los minutos gratis de televisión para publicidad electoral, porque hay una confiscación del tiempo de los canales”, indicó Gandini en rueda de prensa.

A propósito de los cuestionamientos del Partido Nacional al proyecto de ley, el director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, aseguró que los argumentos para no apoyar el texto son “falsos”.

“La propaganda electoral gratuita ya está consagrada en la Ley de Medios y los canales de televisión de Montevideo lo denunciaron por inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia respondió a cada una de ellas con sentencias claras: no es inconstitucional. Eso fue en 2016”, posteó Gómez en Twitter, quien fuera uno de los impulsores de la actual Ley de Medios aprobada en los gobiernos del Frente Amplio.

Según recordó, el argumento de los canales para no ceder espacio de publicidad a los partidos políticos fue que esta obligación “se traduce en una limitación no compensada del derecho de propiedad previsto en los artículos 7 y 32 de la Constitución”.

¿Dudosa constitucionalidad? ??
?? El @PNACIONAL no quiere votar una ley que dará más transparencia al financiamiento de partidos políticos porque imponer la propaganda electoral gratuita sería expropiatorio, confiscatorio e inconstitucional: FALSO.

Les explico por qué ?? https://t.co/UqJaBQuWle pic.twitter.com/mJ3dR3pszm

— Gustavo Gómez (@gusgomezgermano) November 14, 2023

El reclamo no prosperó porque la Justicia lo descartó de plano y el juez Ricardo Pérez Manrique dijo, en su momento, que “la eventual restricción del derecho de libertad de empresa se funda en razones de interés general”.

“No es un tema de Constitución, de Venezuela ni de libertad de expresión. Es por plata”, cerró su posteo Gómez.

Otra polémica por los canales

En octubre de 2023, el Ejecutivo tomó otra determinación que trajo polémica en torno a los canales de televisión. En ese momento, el Ministerio de Industria volvió a prorrogar el cobro por el uso del espectro radioeléctrico que deben pagar los titulares de servicios de comunicación audiovisual, conforme a lo que establece la Ley de Medios.

En ese momento, Gómez aseguró que esto fue “otro regalo para la TV comercial” por parte del gobierno. En 2023, esta prórroga significó $ 33 millones que resignó el Estado, según señaló el director de Observacom.

Industria argumentó que la determinación se debe a que “la emisión simultánea en digital y analógico genera costos para los titulares de las autorizaciones, que deben mantener ambas modalidades de transmisión, y que cada vez es más difícil obtener repuestos para el equipamiento de transmisión analógica”.

A su vez, la cartera aseguró que los servicios audiovisuales son de “interés general”, por lo que el Estado debe “asegurar el acceso universal” para “contribuir con la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.