Una fiscal argentina pidió este lunes 22 de agosto que se condene a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, a 12 años de prisión al considerarla la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática" en torno a la obra pública que causó un millonario perjuicio para el Estado. En consecuencia, el Partido Comunista del Uruguay (PCU), mediante un comunicado, manifestó su "rotundo rechazo a una nueva persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández, con el fin de proscribirla y eliminar cualquier posibilidad de que se presente a cargos electivos en el futuro".
De esta manera, el partido polífico catalogó a este suceso como un proceso de lawfare o “guerra jurídica”, que sostiene se construyen "en la connivencia de sectores de corrompidos de los poderes judiciales en coordinación con los grandes medios de comunicación hegemónicos el servicio de las élites dominantes y del imperialismo norteamericano, son tristemente conocidos en América Latina".
El documento enlista casos en la política latinoamericana que el PCU considera "sufrieron" el mismo proceso de Cristina Fernández. En primer lugar, nombra a Lula Da Silva, "expresidente y probablemente futuro mandatario brasileño, quien estuvo preso por casi dos años por un juicio amañado que le impidió competir electoralmente con Jaír Bolsonaro, facilitando así la elección de éste último como presidente".
Asimismo, menciona al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, "impedido judicialmente de presentarse a elecciones y exiliado en Bélgica al no contar con ninguna garantía judicial en su país". También al exvicepresidente del país, Jorge Glas, "preso por otro juicio viciado de nulidad".
Por último, el documento alude a Evo Morales, "cuando quisieron desestabilizarlo con una denuncia demostradamente falsa sobre una paternidad inexistente" y "finalmente cuando invalidaron el resultado electoral que lo convirtió en presidente por cuarta vez consecutiva, con el apoyo de la OEA y su secretario general, el nefasto Luis Almagro".
De este modo, el PCU asegura que tras el pedido de la fiscal argentina, se busca "criminalizar la actuación de los tres gobiernos populares que en este siglo tuvo Argentina". En tanto, señala al liderado por el expresidente Néstor Kirchner y los dos liderados por la actual vicepresidenta Cristina Fernández. "Se los busca criminalizar para aleccionar a quienes se atrevan en un futuro mejor a repartir la riqueza producida por nuestros pueblos entre las grandes mayorías", subraya.
"El Partido Comunista del Uruguay desprecia esta manera de resolver los debates políticos, judicializando las diferencias y utilizando la presión social generada por los medios de comunicación dominantes para aniquilar a los rivales políticos", sostiene el documento.
"Creemos en la necesidad de una justicia realmente independiente y creemos que es necesario conducir los debates políticas siempre legítimos mediante los mecanismos que la sociedad ha construido", agrega. Por eso, el partido político realia un "llamado" a "respetar la voluntad popular, rechazamos la criminalización de las diferencias y la presión de los poderes fácticos para alcanzar por la fuerza lo que no pudieron conseguir en las urnas".
"Además, expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo argentino que atraviesa una fuerte crisis económica como consecuencia directa de las políticas excluyentes y privatizadoras del expresidente Mauricio Macri", finaliza el comunicado.