El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió en rueda de prensa al proyecto de ley que tratará el próximo martes el Senado que plantea incorporar al Código Penal los delitos contra el ambiente.

“A mi me pone muy conforme que el tema se esté tratando y que hubo unanimidad en la Comisión (de Ambiente). Creo que ya está rompiendo los ojos. Hoy el mundo está analizando que el tema del ambiente es cosa seria y creo que la multa del Ministerio (de Ambiente) o de la Intendencia, no termina de resolver. Hay cosas que se tienen que hacer bien”, afirmó.

“El ambiente asume hoy un protagonismo y es un patrimonio tan importante como la propiedad privada”, sostuvo Orsi.

El jerarca frenteamplista ya había denunciado que máquinas excavadoras hacen movimientos de tierra ilegalmente en la zona de San Ramón que “frenan y modifican” el cauce del río Santa Lucía, en procedimientos de “minería ilegal”.

Orsi subió un video a su cuenta de Twitter diciendo en en momentos de “crisis por falta de agua” no se puede “dudar en frenar los atropellos”.

“Pongamos todo el peso del Estado para controlar nuestro río. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, escribió.

Consultado sobre a quién deberían apuntar los registros ambientales, Orsi dijo que el tema es “complejo” porque le consta, de hablar con expertos, que en materia penal lo ambiental es un tema que debe ser explorado más a fondo.

“Los materiales que tenemos de consulta son de origen argentino por dar una idea, porque es un área que recién ahora hay técnicos que se encargan de eso. No me animo a decir si es a las empresas o qué. El tema es si afecta del punto de vista penal la creación de este tipo. Estamos haciéndonos cargo de algo que el mundo todo se está comprometiendo”, sostuvo.

La aprobación de la norma marcaría que entre en terreno legal las sanciones contra quienes atenten contra la naturaleza, a pesar de que la Constitución ya marca que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave”.

Según informa La Diaria, la redacción final del proyecto es fruto de dos iniciativas anteriores. Una presentada en el 2017 y elaborada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama, actual Dinacea) y la Fiscalía General de la Nación, que, si bien no se aprobó en esa legislatura, fue tomada este período por senadores del Frente Amplio.

La otra propuesta fue hecha en 2020, impulsada por Gerardo Amarilla, actual subsecretario de Ambiente y nueve representantes de la coalición. La cartera fue la que en noviembre envió a los legisladores un proyecto que unía ambas propuestas.

En ese texto se planteaba, según el medio citado, penas para la contaminación del aire, del suelo y del agua, para la contaminación por sustancias o residuos, introducción de desechos peligrosos y la falsedad o obstaculización de la fiscalización ambiental.