El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó una denuncia este miércoles ante el Ministerio de Ambiente por el estado del río Santa Lucía.
El jerarca canario le entregó la denuncia en mano al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, en la Torre Ejecutiva.
En rueda de prensa, Orsi dijo que se “constató este martes una agresión que está sufriendo el río Santa Lucía, por lo que no es un tema solamente de carácter departamental, sino que también es nacional”.
“Se está cambiando el curso del río, que se está represando en lugares donde hay muy poca agua, a pocos kilómetros de la toma de agua de San Ramón. Estamos hablando del río Santa Lucía que después abastece a casi dos millones de personas”, afirmó Orsi.
Según la denuncia presentada, existe una desviación del curso de agua en el río en tres tramos. Entre los documentos, el intendente de Canelones también entregó imágenes sobre lo que está ocurriendo en el “río que nos abastece a todo el sur”.
En un caso, se denuncia un terraplén que se utilizó para crear un camino para el pasaje de camiones. Se agrega que el trayecto que debería ser el curso del río “ahora está totalmente tapado”.
También se deja constancia en el documento presentado sobre un terraplén de dos metros de altura, que “fue creado artificialmente” y que obstruyó “el curso natural del río, desviándolo por un canal hacia un curso donde antes no corría”.
El jerarca departamental agregó que, aunque no se sabe certeramente, “se supone que son empresas vinculadas con areneras” las que han realizado las maniobras en las que se desvió e interrumpió el curso de agua.
“Más allá de la intención, son manejos inadmisibles. Un verdadero atropello al medioambiente, en un momento además complicadísimo para el agua”, afirmó Orsi, que agregó que hablar de multas “con el riesgo que implican las maniobras, en este caso en particular, no tiene proporción” con el daño que se está produciendo.
El jerarca departamental informó que la situación se está monitoreando desde octubre y que las multas son de aproximadamente 2.000 Unidades Reajustables (UR). El valor de cada UR era $ 1.501,26 en diciembre de 2022, por lo que implicaría sanciones a pagar por alrededor $ 3 millones.