El precandidato por el Frente Amplio (FA) de cara a las elecciones internas Yamandú Orsi se refirió al intercambio entre el presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, divulgado algunos días atrás, en los que se sugiere que el mandatario estaba al tanto de la investigación ilegal desplegada sobre el dirigente sindical Marcelo Abdala.
A su entender, si bien “está todo dicho”, sigue “haciendo falta una mejor explicación”, postuló el exintendente de Canelones.
Al respecto, Lacalle dijo en rueda de prensa que él “siempre” recibió información. “Esa información yo la recibí, la diferencia es que no se usa, ni se usó”, justificó el mandatario.
“El que tiene que aportar algo es el presidente, el Poder Ejecutivo. Ahora, si hay algo distinto para mostrar, deberían plantearlo con tranquilidad y seriedad. Creo que ha sido todo demasiado claro y creo que la claridad está en que pasaban cosas en que, de repente, no se les puso el freno que se les tenía que poner a tiempo. Hoy, si hay alguien que tiene que decir algo, no somos nosotros, es el presidente. No sé si explicar, pero por lo menos aclarar”, esgrimió el precandidato frenteamplista en rueda de prensa este sábado.
Asimismo, Orsi fue consultado sobre si considera que Lacalle Pou actuó “éticamente mal”, a lo que respondió: “Ojalá que no. Ojalá que haya una explicación que permita devolver la credibilidad”.
Se filtró
Por otro lado, el dirigente del FA se refirió al hecho de que la conversación se haya filtrado desde Fiscalía. “A mí no me preocupa tanto el cómo nos enteramos de las cosas, es mejor enterarse que no enterarse”, reflexionó.
De esta manera, enfatizó en que no se trata de “un problema de formas”, sino de “contenido”, y manifestó: “Si no es cierto, si no es real [lo que se filtró] por supuesto que hay que combatirlo. Ahora, nos está faltando una parte de cuánto de no verdad tiene eso”.
Finalmente, hizo hincapié en que “el cómo” la noticia surge “no es tan importante”. “Lo que ocurrió es lo que ocurrió”, sentenció, y criticó que se hayan destinado recursos del Estado “para perseguir y controlar”.