Redes, grupos, colectivos y organizaciones sociales manifestaron su "conmoción e indignación ante los hechos de extrema gravedad que han tomado estado público en las últimas horas sobre la existencia de redes de explotación sexual, corrupción, trata, asesinatos y muertes dudosas de adolescentes en el departamento de Treinta y Tres".

"Hacemos un llamado a la sociedad toda y exigimos del Estado Uruguayo justicia y protección para las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual", agregan en el comunicado.

El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), Pablo Abdala, se reunió este lunes con el fiscal de Corte, Jorge Díaz en el marco de esta presunta red de trata y explotación sexual de menores en el mencionado departamento.

Esta investigación a nivel fiscal ya cuenta como insumo con un informe del Inau de inicios de 2020 que advierte sobre posibles situaciones de explotación sexual que tiene, entre otras víctimas, a niños y adolescentes vinculadas al instituto en el departamento.

Este informe, elaborado hace casi un año y consignado este sábado por una investigación de la diaria, indica que unos 20 niños y adolescentes serían víctimas de esta red. Incluso, se presume que las muertes de tres adolescentes de 14 años podrían estar vinculadas a esta red.

Las organizaciones sociales hacen un llamado "a la sociedad uruguaya, para que tome conciencia de la real dimensión de estos hechos y no se mantenga indiferente: vivimos en un país en el cual los adultos continúan negociando los cuerpos y vidas de las niñas, niños y adolescentes tal cual una mercancía".

Además, expresan "enfáticamente que la explotación sexual es una de las más graves violaciones a los derechos humanos".

"El Estado Uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de violencia, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia, obligación asumida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado", añaden las organizaciones.

En ese sentido, consideran que "cualquier complicidad, acción u omisión de agentes estatales que se traduzcan en facilitar o garantizar la impunidad a sus perpetradores y responsables merecerá por parte de nuestras organizaciones el más absoluto repudio".

Por otra parte, exigen al Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas y al Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia que "con carácter urgente ponga operativo un plan de debida protección y atención integral e inmediata para las 20 personas adolescentes en grave riesgo al estar en contextos de explotación sexual y aquellas otras que se pudieren identificar en idéntica situación".

Al Ministerio del Interior le piden que "disponga investigación administrativa, inicio de sumario e inmediata separación del cargo, a fin de esclarecer la responsabilidad funcional de todo servidor público que esté involucrado en los hechos, que haya omitido el cumplimiento de sus deberes o desempeñado la función de manera tal de facilitar o participar en las redes de explotación".

Además, al Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de las Mujeres, le exigen "la inmediata puesta en práctica de una estrategia de cuidado institucional que garantice la seguridad de personas técnicas y profesionales que cotidianamente acompañan y prestan asistencia a esos niños, niñas y adolescentes".

Al Inau le exigen que "disponga todos los cambios operativos necesarios para que en el departamento de Treinta y Tres se concentre personal calificado, experto y comprometido con el cuidado niños, niñas y adolescentes en contextos de explotación sexual, con capacidad para afrontar la difícil situación que se presenta en territorio".

Al Parlamento Nacional le piden que "despliegue todos los mecanismos de control de cumplimiento de las normas aprobadas, solicitando informes, convocando a comisiones y llamando a sala, a todas las autoridades con responsabilidad de velar por la eficaz persecución de tratantes y explotadores, y la debida protección, atención y reparación de las víctimas, ante esta situación de extrema gravedad donde peligra la vida y la integridad de al menos 20 niños, niñas y adolescentes del departamento de Treinta y Tres".

Y a la Fiscalía General de la Nación le piden "aumentar sus esfuerzos para garantizar una eficiente y eficaz investigación y persecución penal que erradique la impunidad de los tratantes y explotadores y la atención de víctimas y testigos".

Por otro lado, al Poder Judicial le piden "una intervención jurisdiccional efectiva y un pronunciamiento sin concepciones adulto-céntricas, estereotipos sexistas y prejuicios de clase que sustentan estos delitos y contaminan luego su análisis, evaluación, e incluso la interpretación misma de la ley".

Entre las 50 organizaciones sociales firmantes se encuentran la Intersocial Feminista, la Asociación Civil El Paso, Mujeres de Negro, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica Sexual, entre otros grupos.