Organizaciones piden al gobierno que no se modifique el decreto de etiquetado de alimentos

La Alianza ENT Uruguay (por Enfermedades No Transmisibles), la Coalición Latinoamericana Saludable (CLAS) y el Núcleo Interdisciplinario "Alimentación y Bienestar" de la Universidad de la República (UdelaR) emitieron un comunicado para manifestar su preocupación "ante la prórroga en la fiscalización" del Rotulado Frontal de Alimentos y la posibilidad de rever algunas disposiciones previstas en el decreto anunciadas en conferencia de prensa por el ministro de Industria y el ministro de Salud Pública, Omar Paganini y Daniel Salinas.

En conferencia de prensa, Salinas y Paganini informaron que habrá "ajustes" en el etiquetado frontal y que seguramente se cambie la palabra "exceso" por "alto". "Hemos llegado a un consenso político para mantener el rotulado frontal de los alimentos, lo cual reafirma nuestro compromiso con la salud de los uruguayos y en especial con la prevención de las enfermedades no transmisibles, que son la primera causa de morbimortalidad", dijo Salinas.

En primer lugar, destacan que este lunes vencería la prórroga de 120 días por lo que las empresas deberían estar cumpliendo con las disposiciones del decreto. Sin embargo, entienden que el gobierno "claramente no transmitió" qué ocurrirá con el decreto ni cuándo se comenzará a fiscalizar.

En este sentido, desde esta sociedad civil aseguran que todas las recomendaciones del decreto se basan en los organismos internacionales vinculados a la salud pública y en evidencia científica, generada localmente y publicada en referadas internacionales de alto impacto.

"El Estado uruguayo, a través de los Ministerios de Industria, Minería y Energía, elevó el proyecto de Decreto a consulta pública nacional e internacional, e introdujo cambios significativos en. Su aprobación fue comunicada a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los comentarios recibidos de las delegaciones de Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala y la Unión Europea fueron exitosamente respondidos utilizando la evidencia científica generada durante el proceso", sostiene el texto.

En esta línea, consideran que no existe justificación alguna para revisar las disposiciones del decreto. "El Estado uruguayo siguió todas las recomendaciones internacionales para el diseño y aprobación de la normativa. La introducción de cambios, por pequeños que parezcan, implicaría una pérdida de credibilidad internacional del país", aseguran.

"Además, el nivel de protección al derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información para la ciudadanía que garantiza el Decreto 272/018 se vería afectado por cualquier decisión que modifique y prorrogue su efectiva implementación. En este sentido, cualquier medida que desconozca y reduzca el estándar de protección garantizado, dejaría a Uruguay expuesto ante la comunidad internacional, al tiempo que violaría los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados", agregan.

Finalmente, estas organizaciones solicitan al gobierno que se mantenga incambiado el decreto 272/018 y que no se continúe prorrogando su fiscalización para permitirle a la ciudadanía tomar decisiones sobre sus alimentos que consumen con información.