Referentes del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en representación de más de 20 organizaciones sociales, brindaron una conferencia de prensa este lunes en la que anunciaron el inicio de una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque entienden que hay una “ilegalidad” en el proceso de elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en el Poder Legislativo.
En la conferencia, que contó con la presencia de Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, los colectivos señalaron que se propusieron “garantizar un proceso democrático, transparente y ajustado a la ley” en la elección del consejo, y “trabajar para lograr una mayor participación de las organizaciones sociales” en lo que hace a los cometidos y actividades de la Inddhh.
“Cuando hablamos de la institución, [nos] referimos al organismo de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas en todo el territorio. Y hablamos del control que esta Institución hace para que el Estado no vulnere esos derechos. Hablamos de 10 años de contribución al fortalecimiento del sistema democrático. Hablamos de una ley de creación que se votó por unanimidad”, indica la declaración de la conferencia a la que accedió Montevideo Portal.
En este sentido, aseguraron que la institución hace tiempo viene recibiendo “fuertes ataques”, en particular de referentes de distintos partidos políticos, además de que se utilizó la definición del consejo como un “reparto de cargos” entre el gobierno y la oposición.
“La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesionar la autonomía de la institución es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial. Tan grave como quitarle la función de controlar al Estado. Cuando hablamos de la Institución referimos al organismo de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas en todo el territorio. Y hablamos del control que esta institución hace para que el Estado no vulnere esos derechos. Hablamos de 10 años de contribución al fortalecimiento del sistema democrático. Hablamos de una ley de creación que se votó por unanimidad”, aseguran.
Las organizaciones expresaron que la comisión especial bicameral que trató el tema “no actuó como manda la ley” porque “aceptó postulaciones realizadas por legisladores” cuando “solo debió aceptar aquellas postulaciones realizadas por organizaciones sociales registradas en la Inddhh”.
“Por esto hablamos de ilegalidades. Y por esto hablamos de acciones legales que permitan que el proceso sea como debe ser. Vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la comisión especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo”, afirmaron.
“El parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la ley y evitar así que se enjuicie su accionar. Apelamos a eso. Designar ahora un Consejo Directivo sobre el que se estará juzgando si sus integrantes fueron bien electos no le hace bien a las personas involucradas, no le hace bien a la Institución de Derechos Humanos cuya autoridad, como decíamos antes, reposa no solo en la ley sino en la incuestionabilidad de sus autoridades. En definitiva, no le hace bien a la democracia. No queremos ni pensar qué pasará con cada observación y resolución que tome la Institución si después el Tribunal nos da la razón y dispone que el proceso de elección no fue ajustado a derecho y quienes fueron elegidos no debieron serlo”, agrega la declaración.
Finalmente, las organizaciones señalaron que promoverán esta acción de nulidad, pero aclararon que no renunciarán a “ninguna otra acción dentro del marco legal vigente” para defender la Inddhh, a la que pueden acudir personas cuando encuentran vulnerados sus derechos por la acción u omisión del Estado.