Organizaciones creen que el Estado falló en proteger los derechos de la niña en Lascano

El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas (Cladem) y la Intersocial Feminista manifestaron su preocupación "por la situación de las niñas que como consecuencia de violencia sexual y violación resultan embarazadas y a quienes se les debe asegurar la interrupción del embarazo en forma inmediata y segura".

Las organizaciones advierten que "las niñas no deben ser forzadas a ser madres" y "hacerlo puede significar tortura, compromete severamente su vida, su salud emocional y física así como su proyecto de vida".

En el comunicado hacen referencia al caso de la niña de 12 años que fue violada por su padrastro en la ciudad de Lascano (Rocha) y quedó embarazada.

Sobre este caso, en el que hoy fue imputado el hombre, advierten que "se le quitó trascendencia al hecho sin realizar el abordaje adecuado para detectar la situación de vulneración".

"Al sector salud le compete, según los protocolos vigentes un rol activo en la prevención y detección de situaciones de abuso sexual infantil", añaden.

El Cladem y la Intersocial Feminista señalan que el Estado "tiene el deber de actuar con la debida diligencia, es decir, desde una perspectiva de derechos humanos, respetando los derechos de la niña y de acuerdo a protocolos existentes que buscan su prevención y protección".

Por otro lado, advierten que el encierro a raíz de la pandemia por el coronavirus "expone aún más a esa violencia".

"El embarazo no intencional de esta niña es un aspecto de la historia de vulneración y violencia que vivió y vive", agregan.

Además, las organizaciones creen que "a pesar de las múltiples consultas se falló en la detección de indicadores de abuso en la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo, según el protocolo para la prevención y detección de abuso sexual".

"El Estado a través del sistema de salud falló en la protección de los derechos de esta niña", añaden.

Por último, afirman que "los servicios de salud no necesitan autorizaciones judiciales, formalización del autor o intervención judicial de ningún tipo, para proceder a actuar. Es su responsabilidad el cuidado de la vida cuando la misma está en riesgo, por lo tanto, la discusión no es de plazos"

Montevideo Portal