Oficialismo y oposición en Argentina se cruzaron este jueves al debatir en el pleno del Senado una polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández y en la que algunos sectores ven un intento de lograr impunidad en casos de presunta corrupción.
En una sesión virtual comandada en su apertura por la titular de la Cámara Alta y vicepresidenta del país, la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), la oposición denunció que el Ejecutivo busca con esta reforma manejar al Poder Judicial, mientras que desde el oficialismo acusaron al anterior Gobierno, el del conservador Mauricio Macri (2015-2019), de haber utilizado la Justicia para perseguir a opositores políticos.
La iniciativa fue remitida al Parlamento a finales de julio pasado por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien entonces alegó que es necesario organizar mejor la Justicia federal y "superar la crisis" de "credibilidad y buen funcionamiento de la Justicia federal con competencia penal".
Pero desde algunos sectores opositores han expresado que con esta iniciativa se busca en realidad beneficiar judicialmente a Cristina Fernández y a otros exfuncionarios y allegados a su Gobierno que están procesados en diversas causas judiciales, varias por presunta corrupción.
"Esto es un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la Justicia federal penal y avanzar hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado Gobierno", afirmó la senadora Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, el mayor frente de oposición en el Parlamento.
El senador Esteban Bullrich, del mismo bloque, aseveró que "hasta ahora la corrupción era un modo ilegal de hacer negocios legales, pero ahora, si este proyecto avanza, esta corrupción va a ser capaz de construir herramientas legales que permitan que el crimen organizado pueda funcionar sin ningún problema".
El proyecto de ley ya fue blanco de una protesta en las calles de Buenos Aires el pasado 17 de agosto y este jueves un centenar de personas se congregó en un abrazo simbólico al palacio del Congreso para expresar su rechazo a la reforma.
EL PROYECTO
El denominado proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal prevé la creación de nuevos juzgados federales, que actualmente son solo doce.
Además, entre otros puntos, establece la unificación de algunos fueros judiciales federales y la transferencia de juzgados ordinarios a la ciudad de Buenos Aires.
Rodríguez Machado calificó al proyecto como un "festival de cargos" judiciales a crear (908) y aseguró que las causas en curso podrían, mediante diversas maniobras, ser traspasadas a otros jueces, una acusación rechazada por el oficialismo.
"Ninguna causa va a ser sacada de los jueces naturales, todas las causas van a seguir siendo investigadas por los jueces que ya las están instruyendo", aseguró la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnum.
Al negar que haya un intento de lograr impunidad, Sacnum afirmó que, por el contrario, en el Gobierno de Macri sí hubo "esquema para perseguir opositores" en una verdadera "guerra jurídica" con el "armado de causas" judiciales en contra de opositores políticos.
La propia Cristina Fernández dijo el pasado martes que el Gobierno de Macri realizó una reforma judicial "de facto" en los tribunales federales de Buenos Aires "con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios".
EL "PODER MEDIÁTICO"
Otro de los aspectos que se objetan y que fue blanco de crítica por parte de entidades representativas de la prensa y de los medios de comunicación es la inclusión de un artículo que atañe al papel de los medios como posible fuente de presiones sobre los jueces.
En concreto, el proyecto establece como deber de los jueces el comunicar cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos y mediáticos o de grupos de presión de cualquier índole.
"Los jueces deben ser independientes no solo del poder político sino también del poder económico y del poder mediático, que está incluido en el poder económico. Estamos hablando del poder mediático, que es poder económico y se da de bruces con la libertad de expresión", sostuvo Sacnum.
Por el contrario, para Bulrrich, es "muy posible" que este proyecto no sólo sea "un camino hacia la impunidad" sino también sea "un camino a restringir la libertad de opinión".
El senador opositor cuestionó además la "coyuntura" en la que se realiza este debate, marcada por la pandemia de COVID-19 y por los severos efectos económicos de las medidas de aislamiento que, a su juicio, son más "urgentes" que tratar este proyecto.
El oficialismo contaría con los votos necesarios para lograr el visto bueno a este proyecto en el Senado, pero su aprobación en la Cámara de Diputados no estaría asegurada.
EFE