Por The New York Times | Zena Agha

ESTOS ACTIVISTAS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS NO SON TERRORISTAS.

El 19 de octubre, usando evidencia secreta, y por lo tanto insuficiente, el Ministerio de Defensa de Israel acusó a seis de las organizaciones más prominentes de derechos humanos y de la sociedad civil de Palestina de ser organizaciones “terroristas” vinculadas con un grupo miliciano. Tan solo unos días después, Israel aprobó la construcción de más de 3000 nuevas unidades de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania y anunció planes para duplicar la población judía-israelí en el Valle del Jordán para 2026.

La criminalización real de las instituciones palestinas y la expansión de los asentamientos son dos lados de la misma moneda. El objetivo es claro: silenciar el monitoreo independiente de las violaciones a los derechos humanos de Israel que se encuentra entre la anexión total del territorio ocupado de Cisjordania y la rendición de cuentas a nivel internacional. Desde la década de 1990, la sociedad civil palestina se ha expandido para cumplir el papel de exponer y resistir los crímenes de la ocupación israelí y la corrupción de la Autoridad Palestina y Hamas. Se ha vuelto la última línea de defensa. Será más difícil responsabilizar a Israel si algunas de las organizaciones más importantes para la defensa de los derechos palestinos son silenciadas, debilitadas o eliminadas.

Los grupos amenazados —Al-Haq, Defensa para los Niños Internacional de Palestina (DCIP, por su sigla en inglés), la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, Addameer, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas— son organizaciones esenciales de la sociedad civil palestina. El alcance de su trabajo es variado, entre otras cosas, la DCIP resalta la detención y el abuso de niños en el sistema de cortes militares y Al-Haq ha brindado evidencia crucial a la Corte Penal Internacional para la investigación de supuestos crímenes de guerra perpetrados en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Juntas forman parte de una sociedad civil cuyo cometido es representar y brindar servicios a los cinco millones o más de palestinos que viven bajo la ocupación militar israelí.

Durante más de tres décadas, la documentación, el monitoreo, la recolección de información y la defensa internacional de los grupos ha sido vital para revelar la realidad in situ y a menudo son la primera visita obligada de diplomáticos, Naciones Unidas y la comunidad internacional general que confía en ellos para realizar evaluaciones de lo ocurrido en los territorios ocupados.

Como consecuencia del trabajo de estos grupos, las autoridades israelíes han hecho redadas en oficinas y han acosado a los personales de estas y otras organizaciones durante años. Apenas en julio pasado, soldados israelíes hicieron una redada en la oficina de la DCIP en la ciudad de Al Bireh en Cisjordania, donde incautaron computadoras, discos duros y archivos de clientes relacionados con los niños palestinos detenidos a los que representan en las cortes militares de Israel. Cuando ocurren esas redadas, a veces son arrestados miembros del personal.

También se ha atacado a agrupaciones internacionales en favor de los derechos humanos reconocidas por documentar las violaciones de derechos por parte de Israel. En 2019, el gobierno israelí deportó al director de Human Rights Watch de Israel y Palestina, Omar Shakir, después de una larga batalla legal. Y ese mismo año, le impuso una prohibición de ingreso a Israel al responsable de las campañas de Amnistía Internacional, Laith Abu Zeyad, quien estaba radicado en Cisjordania.

Da la impresión de que estas tácticas son parte de un movimiento continuo y más amplio para deslegitimizar, obstruir el financiamiento y la eliminación permanente de las ONG palestinas. La reducción del espacio de la sociedad civil palestina ha sido bien documentado. Es parte de una campaña que encabeza el gobierno israelí, con apoyo de grupos como NGO Monitor y UK Lawyers for Israel, para diseminar desinformación y perseguir a estos grupos en los tribunales, a fin de atacar a las organizaciones de la sociedad civil que monitorean y se resisten a las violaciones a los derechos humanos de Israel, incluida la expansión continua de los asentamientos ilegales.

Estos ataques en contra de la sociedad civil no se limitan a las organizaciones que operan en Israel, Gaza y Cisjordania. Se esparcen por tribunales, campus universitarios y oficinas de gobierno en toda Europa y Norteamérica por medio de campañas de desprestigio, la proliferación de leyes inconstitucionales antiboicot y demandas que buscan distraer y drenar a las organizaciones sin fines de lucro que son solidarias con la sociedad civil palestina.

Sin embargo, ¿por qué etiquetar a estos grupos de “terroristas” ahora? Sin duda, Estados Unidos y Europa son la audiencia a la que va dirigido el nombramiento. Parece que la meta de Israel es usar como arma la infraestructura en expansión de las leyes antiterrorismo creadas en todo el mundo después del 11 de Septiembre, para atacar a los defensores de los derechos humanos palestinos al tachar su trabajo legítimo de “terrorismo”, con el fin de hacer que sus organizaciones, sus esfuerzos y sus personas sean tóxicas, intocables y, lo más importante, mucho más difíciles de financiar.

El efecto total de la designación todavía está por confirmarse. En términos reales, abre la puerta para más acoso sobre el personal y los recursos de estas organizaciones, lo cual aumenta el riesgo de arrestos y posibles enjuiciamientos. Además, si la comunidad internacional está de acuerdo con la designación de Israel, estas organizaciones podrían ver el fin de su recaudación de fondos.

Este momento es un testimonio del espíritu y el progreso sostenido de estas organizaciones. Sin embargo, las consecuencias —la amenaza para los defensores de los derechos humanos palestinos, la falta potencial de escrutinio sobre las violaciones israelíes y la continua invasión sin controles de los territorios palestinos— presagian tiempos más sombríos por venir. Además, la designación de los grupos que monitorean abusos en el territorio ocupado de Cisjordania es una distracción deliberada del proyecto de asentamientos en ese territorio que comenzó hace más de 50 años.

Agrupaciones internacionales de derechos humanos han emitido fuertes comunicados sobre la naturaleza autoritaria y represiva de una medida de ese tipo y se ha solicitado la inmediata anulación de la designación. Asimismo, ya hay una oposición en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la forma de una resolución del Congreso. Eso está bien. Una sociedad civil robusta es una característica clave de una democracia saludable. Los regímenes autoritarios son los que las silencian y las reprimen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (al que, según se afirma, no se le avisó por adelantado de la decisión) ya ha solicitado una aclaración y la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió a Israel que “respete en su totalidad los derechos a la libertad de asociación y expresión, sin ninguna interferencia ni acoso en contra de las organizaciones ni su personal”.

Asimismo, los grupos de la sociedad civil palestina y los organismos internacionales de derechos humanos han exigido que Israel anule de inmediato estas designaciones. Cualquiera que esté preocupado de la protección de las instituciones democráticas debería apoyarlos. Este artículo apareció originalmente en The New York Times. Israel se dispone a silenciar a organizaciones esenciales de la sociedad civil palestina. (Anthony Russo/The New York Times)