Apenas hace 74 años se aprobaba en París la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue un paso de gigante en la historia del ser humano. Con este acto, por primera vez la comunidad internacional se puso de acuerdo en reconocer el valor intrínseco de la persona, estableciendo algo tan simple como robusto: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Hoy son más de 8 mil millones las personas cobijadas por esta Declaración. 

Con esta visión común, en sus 30 artículos la Declaración Universal consagra los derechos indivisibles e inalienables de toda la humanidad: desde el derecho a la educación hasta la libertad de expresión, reunión y asociación, entre otros. Pero la Declaración fue solo el primer paso. Con el tiempo se convertiría en la piedra angular de un amplio sistema de tratados vinculantes e instrumentos dirigidos a la protección de grupos vulnerables.

Gracias al compromiso de Estados como Uruguay y a la lucha incansable de la sociedad civil, se ha avanzado mucho. El país es internacionalmente reconocido como promotor del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos en temas diversos. No son solo palabras vacuas. El grado de aplicación práctica de lo firmado es igualmente digno de mención.  

No siempre fue así. Hace casi 50 años, una brutal dictadura supuso un paréntesis sombrío en el compromiso del país con los derechos humanos. Hoy las múltiples y graves violaciones de derechos humanos registradas en dicho período se ven lejanas, aunque queden temas pendientes de resolver. Con el advenimiento de la democracia, el país recuperó su cultura democrática y el respeto de los derechos humanos.  

Si bien Uruguay es hoy un referente internacional en la materia, el país no está exento de desafíos. Mencionaremos aquí tres de ellos.

Primero la pobreza infantil —que afecta a uno de cada cuatro niños de 0 a 5 años— vulnerando cotidianamente los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes. Si el país no hace un esfuerzo aún mayor en reducción de la pobreza infantil, los costes pueden llegar a sentirse por muchas décadas. 

Las violencias son otro reto actual de la sociedad uruguaya, con tasas de homicidios y femicidios relativamente elevadas. A este respecto, mención especial merece la situación carcelaria. Uruguay es uno de los países del mundo con mayor número de privados de libertad por habitante, lo que ilustra la sobrecarga del sistema. Lamentablemente, a falta de medidas alternativas a la privación de libertad, el número de presos sigue creciendo. El sistema actual está lejos de permitir una eficaz reinserción social. 

En tercer lugar persiste, como en la mayoría de las sociedades modernas, la discriminación basada en género en la política o la economía. Algo similar ocurre con respecto a la población afrodescendiente y a las personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables. Aunque la sociedad ideal no existe, hay un largo camino para materializar el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. 

En tiempos convulsos, como los que hemos vivido en 2022, el mundo necesita ejemplos como el de Uruguay. Los derechos humanos, en su sentido más amplio, deben ser un tema central de la agenda nacional y un espacio de consenso político. Desde la ONU estamos comprometidos a seguir apoyando al Estado uruguayo en esta tarea.

*Jan Jarab es Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur. Pablo Ruiz Hiebra es el Coordinador Residente de la ONU en Uruguay.