Operación Océano, casi tres años después, en la voz de abogados, condenados y sobreseídos

Desde Maldonado, donde vive, el Paraguayo (que no es paraguayo, sino uruguayo con radicación empresarial en Paraguay) dice que le tocó sufrir “la injusticia más grande del mundo”, que el sistema judicial en Uruguay “no funciona” en materia de delitos sexuales, que los fiscales hacen o dicen “cualquier cosa”, luego alegan que se equivocaron y “acá no pasa nada”, y que arderá Troya cuando se levante la reserva del caso operación Océano.

En tanto, el abogado Ignacio Durán señala que el megacaso fue una “cacería de brujas”, y su colega, pero defensor de algunas adolescentes, Juan Raúl Williman, dice que el cambio de fiscal sirvió para ordenar la causa, pero que bastante trabajo le tocó a la fiscal Darviña Viera “al inicio del partido”, y que otra cosa es entrar a la cancha “con el partido empezado”, en alusión a Mariana Alfaro.

Dicho esto, valoró que tras algunos meses fuera del foco mediático, las víctimas pueden sentir hoy cierto alivio, antes de que el tema vuelva al juzgado.

Operación Océano se llamó al caso de presunto abuso sexual a menores más grande de la historia del país. Por este se imputó a una treintena de hombres adultos, todos mayores de 30 años, fueron afectadas 19 menores de edad y trabajaron batallones de abogados en defensas de unos y otras.

Todo comenzó en marzo de 2020, cuando fue hallado el cadáver de una adolescente a días de cumplir 18 años en el arroyo Solís Chico. De su cuello colgaba una cadenita que decía The ocean is my friend, de ahí lo de operación Océano. No porque los expedientes fueran caudalosos como un océano ni porque el resultado final fuera un simple “charquito”, como dijo el abogado Durán.

En mayo se cumplirán tres años del comienzo de la investigación fiscal y, aunque llame la atención, el caso todavía no llegó al famoso juicio oral y público, tal como consagra el Código del Proceso Penal en vigencia desde 2017. Hasta este miércoles, operación Océano estuvo en stand by por algunos reclamos de inconstitucionalidad que lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia. La resolución de los ministros fue desestimar los planteos.

Al momento hay nueve imputados que firmaron un acuerdo por juicio abreviado y están cumpliendo una pena (algunos insisten que son inocentes), 13 fueron sobreseídos, cuatro casos fueron archivados y 11 son los que esperan el momento del juicio, cuando vuelvan los flashes y las cámaras sobre este tema, las víctimas y los victimarios.

“El Paraguayo” contraataca

El Paraguayo —accedió a que se lo identifique así— es el único de los imputados que ya estuvo preso, en forma preventiva, por esta causa. Fue uno de los que firmó el juicio abreviado, pero se sigue diciendo inocente y se muestra tan indignado como hace tres años, cuando estaba recluido en el Comcar y dio su testimonio para el libro Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano (Penguin Random House, 2020).

“Lo llaman reserva para preservar a las víctimas cuando, por lo que he vivido, puedo decir que era un grupo de delincuentes, trabajadoras sexuales mayores que les prestaban la cédula a otras menores para hacer una actividad y algunos de los imputados lo sabían. Otros no y fueron engañados, ese fue mi caso”, dijo para este informe.

Su caso fue así: él conoció por la web a Candela y a Amanda (nombres ficticios de la víctima principal y a su amiga, luego hallada muerta). El aviso en Skokka decía: “Somos dos estudiantes de facultad de 19 años, no somos escorts, nos interesa salir a pasarlo bien”, y daba un mail de contacto. Él escribió, Candela contestó y quedaron en encontrarse. La cita con ellas dos fue en febrero de 2019; fueron a cenar los tres a un restorán vegano de Montevideo. Unas semanas después acordaron verse en un hotel. El encuentro fue en el hotel Dazzler de Punta Carretas, donde las dos menores presentaron cédula de identidad y pasaron.

Los tres se sacaron fotos en la piscina del hotel y pasaron la noche.

Meses después, en noviembre de ese 2019, la principal víctima —según contó el Paraguayo— le escribió a él diciendo que estaba en Punta del Este con otra amiga que le quería presentar. Él las pasó a buscar, fueron a comer algo, ellas le pidieron a él si podía comprar un whisky y él compró una botella de escocés en un autoservicio. Esa noche la terminaron los tres en el motel Posada de Luna de La Barra. En determinado momento, pasadas las tres de la mañana, él estaba practicándole sexo oral a Candela cuando advirtió que SS, la mayor, lo estaba grabando. Cuenta que le dijo: “Dame toda la plata que tengas porque mi amiga es menor de edad. Si no, te mandamos preso”.

El Paraguayo tomó su celular y amagó con llamar a la seccional para denunciar la extorsión. Las chicas —siempre según su versión— le dijeron que mejor las llevara a su casa. Le pidieron que las dejara en la parada 26 de la Mansa. Cuando llegó al lugar, la mayor volvió a pedirle dinero, él se negó, ella se desvaneció o “se hizo la desmayada”, y cuando estaban en plena calle, discutiendo, pasó una mujer policía y le preguntó qué hacía él con esas dos jóvenes.

La aparición del cuerpo de Amanda, a días de cumplir 18, y la discusión en Punta del Este del Paraguayo con Candela y su amiga SS fueron los dos gérmenes del caso. El celular de Candela fue requisado y ahí cayó imputado el Paraguayo, quien había conocido a la chica que apareció muerta en el arroyo. Pero él no se quedó quieto: denunció a la mayor de edad por extorsión, algo que ella reconoció en Fiscalía. Admitió haberle pedido dinero a cambio de su silencio, dado que él había estado con su amiga, menor de edad.

El Paraguayo, un hombre de 55 años y voz áspera, asegura que en todo este tiempo la denuncia por extorsión quedó “guardada, encajonada”. Por eso, ahora que está cumpliendo su condena, decidió reactivarla y sumar a Candela, que tenía 17 cuando él la conoció. “Yo la veía como una víctima, inducida por su amiga mayor de edad. Ahora no, ahora veo que eran cómplices”, dijo.

El hombre, hoy desempleado, dice que en mayo de 2022 aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado porque la Justicia no le daba garantías. “La realidad no condice al papel, porque muchas personas, como yo, somos víctimas del terrorismo de Estado que yo le imputo a Fiscalía. Te obliga a firmar un arreglo porque, si no, con el sistema judicial en materia de delitos sexuales como está podés terminar con cinco o seis años de prisión, aunque seas inocente, por la simple palabra de una víctima, aunque esté mintiendo”, dijo.

“Como no están dadas las garantías y el caso está flechado, preferí arreglar para no arriesgar la posibilidad de ir preso y pasar más injusticias de las que yo ya viví. Estuve preso de forma preventiva y no se pudo demostrar absolutamente nada”.

Otro imputado, que también firmó el juicio abreviado, tiene palabras casi calcadas a las del Paraguayo al argumentar por qué accedió a declararse culpable. “Fue una oportunidad para salir rápido de esta inquisición creada por la fiscal Darviña Viera, a la que tuvieron que jubilar por el papelón que hizo, a sabiendas de que fuimos engañados desde un primer momento con documentos de chicas mayores. Este delito arranca con un perfil fake de estas chicas y luego cometen el delito de falsificación ideológica; de ahí en adelante todo debió haber caído”, dijo este empresario montevideano de 48 años.

Darviña Viera, exfiscal de la causa. Foto: Federico Gutiérrez / FocoUy

“Yo salí adelante, estoy muy lejos de esto”, sostuvo. “La idea era firmar para salir rápido; no quería dedicarle un día más a ese proceso judicial. Fijate que ya pasó un año de la firma del abreviado, en mayo se cumplen tres años del comienzo de la investigación, ¡y ni siquiera empezó el juicio! Yo no iba a esperar a que un juez decidiera mi futuro. Lo liquidé yo y ahora estoy lejos de esa inquisición”, insistió.

Desde Maldonado, el Paraguayo coincide con el empresario consultado: firmó para salir de “un infierno” antes que esperar a poder demostrar su inocencia. Él estuvo seis meses de prisión domiciliaria con dispositivo electrónico, luego cumplió otros seis meses debiendo estar en su hogar de 23 a 7 horas, y nueve meses más teniendo que firmar en la comisaría más cercana, con libertad asistida.

“En total, estoy cumpliendo una pena de tres años por haber ido a un hotel con chicas que presentaron cédulas falsas. Quedé expuesto en los medios como un violador, como un abusador de menores. Hablé con personas sobreseídas —mal acusadas porque no hubo ninguna prueba— y perdieron sus empleos, perdieron sus familias. Mi única suerte fue no tener mujer ni hijos, sino hubiera sido un destrozo”, dijo.

En tanto, el empresario de casi 50 años, que también firmó un abreviado, opina en el mismo sentido: “La famosa ley de género es un horror jurídico que elimina la presunción de inocencia y la duda razonable. Sos culpable por ser hombre, es así. Espero tengan la fuerza los legisladores para modificar la Ley 19.580, y que haya justicia para todos por igual, sin distinción de género”.

El abogado y defensor de seis víctimas, Juan Raúl Williman, no piensa igual, aunque admite que se podrían realizar cambios en la legislación, sobre todo para brindar más garantías. “La ley busca sopesar una desigualdad histórica y estructural. Es evidente que contempla a la mujer. Es como que me digas que la ley laboral favorece al trabajador: y sí, lógico, es la parte débil de la relación laboral. No obstante, la ley lo que hace es dar cumplimiento a tratados internacionales que Uruguay suscribió y se obligó a cumplir. Y seguro les da un marco de protección y cuidados a mujeres y niños que no sé si podrían denunciar y transitar el proceso penal en las mismas condiciones que como lo hacen hoy”, afirmó.

Culpable… pour la gallerie

En mayo de 2022, el exfiscal de Corte Jorge Díaz tuiteó: “En el proceso abreviado el imputado acepta los hechos que se le imputan (se declara culpable) y el juez o jueza lo condena como autor penalmente responsable de ese delito. Lo demás es viru viru”. La alusión venía a cuento de declaraciones del abogado Ignacio Durán, quien había dicho que su defendido en el caso Océano había firmado un juicio abreviado, pero se seguía diciendo inocente.

De hecho, Durán recogió el guante y le contestó en la misma red social: “¿Usted sabe la cantidad de personas que hay en el módulo 8 de preventiva del Comcar aceptando acuerdos abreviados [renunciando a su más sagrada convicción de inocencia] pidiendo a gritos que lo firmemos ya solo para salir de ese infierno? Para usted es viru viru. ¡Qué tupé!”, exclamó.

Daiana Abracinskas e Ignacio Durán entrando a la primera audiencia masiva de operación Océano. Foto: Dante Fernández / FocoUy

Unos cuantos meses después, Durán explicó la posición de su defendido, quien está cumpliendo condena. “Mi cliente optó por esto, renunció a seguir transitando por todo este juicio, donde se lo avasalló en su imagen, en su laburo, en su familia. Optó por la vía del proceso abreviado, a sabiendas de que no cometió delito, tan solo para terminar cuanto antes este proceso que, en materia de delitos sexuales en este país, cuando sos denunciado, se vuelve un verdadero calvario”.

—¿Le está mintiendo a la ley, entonces, que sostiene que para firmar un abreviado hay que admitir la culpabilidad?

—No le estoy mintiendo a la ley. La ley a mí me da la posibilidad de decir: “Sí, soy culpable”, e irme para mi casa. Si la ley nos hubiera ofrecido un acuerdo abreviado con la posibilidad de ir un solo día en cana, ninguno de los clientes de nuestro estudio [Donnángelo Durán Sasson] hubiera aceptado. Por eso la salvedad es que es una asunción de responsabilidad pour la gallerie, porque es firmar eso [que sos culpable], pero irte para tu casa, algunos con tobillera, otros no.

—Preso también, con arresto domiciliario…

—Bueno, pero a sabiendas de que la mano viene torcida, que los tribunales de Apelaciones son pro-Fiscalía, y dan por buenos bastantes temas de denuncias que para mí no tienen ninguna razón de ser… Tampoco son tontos los clientes, y hay algunos que prefieren tener esas limitaciones de libertad ambulatoria, pero no pasar ni un solo día en prisión efectiva.

Uno de los 13 sobreseídos fue Diego Susena (58). La Justicia no pudo probar su culpabilidad y resultó que era inocente. Susena nunca conoció a la principal víctima, con la que solo chateó por una red de citas, y la invitó a que lo acompañara a un acto del Partido Nacional en 2019, en plena campaña.

En mayo del año pasado dijo en El País: “Ensuciaron mi apellido, que tiene prestigio en este país. Ahora me voy a encargar de limpiarlo, porque sufrimos mucho”.

Ocho meses después dice que su apellido quedó para siempre con máculas. “La verdad es que el apellido que construyó mi abuelo, que era el dueño de toda la manzana donde ahora está el Banco República en 18 y Minas, y después de la barraca Susena, ese apellido no se limpió. Ponés Diego Susena en Google y aparecen un montón de cosas. El apellido está destruido, destruyeron a mi familia, mis dos padres se enfermaron, mis hermanos tuvieron que hablar con sus jefes, yo no puedo ver a mis hijos…”, resumió Susena.

El bazar familiar se fundió y debieron cerrar. Dice que perdieron unos 300.000 dólares en dos años, dos años en los que sus amigos y conocidos lo ignoraron. Susena debió reconvertirse: aprendió sobre negocios inmobiliarios y hoy está al frente de Sinergia Real Estate, una franquicia uruguaya de la internacional de bienes raíces.

“Me escracharon a mí para pegarle a Luis [Lacalle Pou] y al partido”, dijo en mayo de 2022. Hoy reafirma esas palabras: “Me pegaban en redes con fotos mías con dirigentes blancos, para pegarle a Luis. A mí me hicieron un daño brutal, me dejaron sin un peso”, dijo.

Diego Susena

Hoy Susena está fuera de Espacio 40, la agrupación que dirige Javier García, el ministro de Defensa, pero espera volver a la brevedad, en cuanto comience la campaña electoral para 2024. “Tendría que hablar con Luis, no sé. ¿Tengo que pedir perdón? Porque en realidad no hice nada”, dijo el hombre, que fue sobreseído por la Justicia.

“Me comí un garrón. Yo no tuve nada que ver con Océano. Lo único que puedo decir es que espero no haberle hecho daño al Partido Nacional”, sostuvo.

Ahora, cree, debe enfocarse en continuar trabajando y convencer a la madre de sus dos hijos de que le permita verlos. Estima que todavía no es momento de buscar un acercamiento con el presidente de la República. “Está la sequía, incendios por todos lados, él está con el tema del TLC con China, la visita de Lula… Me parece que no es el momento de intentar hablar con él. Pero hubo charlas informales con gente del partido, y creo que voy a volver”, estimó el empresario.

En qué está todo y el momento del juicio

A Fiscalía se le terminaban los dos años de plazo para la investigación y, entonces, en mayo de 2022, tomó tres caminos: sobreseyó a 13 imputados, condenó por juicio abreviado a nueve, archivó cuatro casos e irá a juicio oral y público contra 11 acusados. Los que firmaron juicio abreviado (como el defendido de Durán, o el Paraguayo) ya están cumpliendo su pena desde hace meses. Para los que fueron sobreseídos o su caso fue archivado, el calvario terminó. Y para 11 de los 30 imputados en un inicio todo se decidirá en el juicio.

Para eso, la Fiscalía tuvo que presentar una acusación fiscal, pidiendo una pena para cada uno. La defensa tenía que contestar esa acusación fiscal. Fue entonces cuando sorprendieron presentando un recurso de inconstitucionalidad que suspendió el trámite principal.

“No contestaron la acusación. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad cuestionando algunos artículos”, explicó el abogado Williman, quien dirige el Consultorio Jurídico Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), que representa a seis víctimas de la operación Océano.

En rigor, los imputados —mediante sus abogados— cuestionan la constitucionalidad de algunos artículos del Código del Proceso Penal como “la oportunidad procesal que tiene la víctima para presentar prueba”, o el artículo 80 de la Ley 19.580 (Ley de Violencia Basada en Género), que establece que los culpables deben abonar una “sanción pecuniaria” a la víctima. Es una suerte de indemnización que el condenado debe pagarle a la víctima (“un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado, o en su defecto 12 salarios mínimos”).

Las defensas también cuestionan el artículo 4 de la Ley 17.815 (Violencia sexual contra niños, adolescente o incapaces), que tipifica la “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”. Esta ley, y ese artículo en particular, fueron la clave de la Fiscalía para imputar a los sospechosos.

Esta semana la Suprema Corte resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los abogados defensores, en un fallo aprobado por unanimidad por los cinco ministros. Entonces, el caso continuará, con su trámite normal (aunque ya demorado). El expediente volverá al juzgado y se reanudará el plazo de 30 días (habían corrido cuatro cuando se suspendió) para contestar la acusación. ¿Y después?

“Habrá una audiencia de control de acusación que será muy compleja. Ahí se discutirá lo relativo a la prueba: qué pruebas entran en el juicio y cuáles no se admitirán. Y luego, recién ahí, se entrará en el juicio”, dijo Williman, quien espera que sea “largo”. “Es que tenemos un montón de prueba anticipada. Eso terminará generando la necesidad de reproducirla en el juicio (y es mucha), y sumale que hay testigos de todas las partes.  Y hay pericias de celulares. Imagino un juicio de dos semanas”, calculó.

Williman —que desde el Consultorio Jurídico Penal de la Udelar trabaja en convenio con Asfavide (Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia) y el Ministerio del Interior— acotó que el seguimiento psicológico y personal con las víctimas nunca se abandonó. Y muchas de ellas consultan “en qué está el caso”. Además, en los juicios abreviados hay condenas de indemnización, entonces pretenden hacer los trámites para cobrar esos montos.

“Algunas consultan más, otras menos. Pero ya no tienen que volver al juzgado y eso es muy bueno. Alcanza con mantenerlas informadas”, dijo.

El “descanso mediático” que han tenido les ha servido para poder salir adelante. “No sé cómo les afectará la revictimización cuando el caso vuelva a explotar, cuando llegue la hora del juicio. Porque nadie escapará de eso: va a estar de nuevo en los medios y en las redes. Pero, al menos, han tenido un impasse que les ha venido bien”, opinó.

*Una primera versión de esta nota fue publicada el 31 de enero. Fue actualizada horas después, luego de que la Suprema Corte comunicara que había desestimado el recurso de excepcionalidad que estaba a estudio.