La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité sobre Desapariciones Forzadas, advirtió a Uruguay que la iniciativa de Cabildo Abierto de establecer prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años dejaría “casi en total impunidad” a represores.

Esta advertencia formó parte del estudio que realizó el organismo internacional sobre la legislación, investigación y búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el país, cuyos resultados fueron presentados este martes en Ginebra.

Es la segunda vez que el comité se expide sobre el tema. Ya en noviembre de 2021 enviaron una carta a Cancillería en la que sostenían que el proyecto “permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.

En esta ocasión, el informe estuvo a cargo del relator Juan José López Ortega, quien también remarcó la “necesidad” de elaborar una política “clara” en la investigación de detenidos desaparecidos en Uruguay. En este sentido, subrayó que se tiene que hacer foco en la búsqueda de la responsabilidad de los acusados por estos delitos y en garantizar el derecho a una reparación integral a las víctimas.

Además, la ONU pidió que se “agilicen” todas las causas judiciales sobre este tema. En esta línea, exhortó que los responsables sean juzgados y que, de ser declarados culpables, cumplan una pena “adecuada”.

Por otro lado, el comité llamó al gobierno uruguayo a crear acciones para poder acceder a todos los documentos de la época, haciendo hincapié en los que están en poder de los militares. Y recomendó hacer un llamado público con su debido control para que todas las personas que posean información puedan aportar en las investigaciones.

Al finalizar, la ONU también mostró preocupación por la vandalización de memoriales en el país. El organismo internacional pidió una investigación exhaustiva para que los responsables sean sancionados, y también recomendó que el gobierno defina una política educativa “clara” para explicar lo sucedido durante la dictadura.