La desigualdad entre los países se disparó en 2020 y no se ha revertido esa tendencia que hasta entonces iba lentamente a la baja, según se desprende del Informe Social Mundial de 2024 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA), presentado este jueves.
En la presentación del informe, titulado “Desarrollo social en tiempos de crisis convergentes: una llamada a la acción global”, el director de la división de Análisis y Política Económica del DESA, Shantanu Mukherjee, hizo hincapié en el “impacto persistente” de las crisis en los países más pobres.
El informe se suma a las numerosas llamadas de la ONU a la reforma del sistema global de financiación para el desarrollo, y estima que la pérdida de oportunidades de inversión en ese ámbito, fruto de las múltiples crisis, supondrá una pérdida acumulada de 50 billones de dólares entre 2020 y 2030.
“La desigualdad entre países, que seguía una tendencia estable, pero lenta, a la baja, realmente se disparó en 2020 y no se ha revertido”, declaró el diplomático, haciéndose eco de que en 2022, la mayoría de países había devuelto la pobreza extrema a sus niveles prepandemia, pero no así los de baja renta.
Mukherjee explicó que el servicio de la deuda en los países pobres, acuciados por altas tasas de desempleo que aceleran las desigualdades, supone tal carga que supera el gasto público en sanidad, educación e infraestructuras, obstaculizando su avance hacia las metas de desarrollo social.
Además, de cara a nuevos “shocks”, denunció que el mundo está peor preparado, por ejemplo, para responder a emergencias sanitarias, pues todas las regiones puntúan peor en un índice clave en 2023 respecto a 2015, mientras que las protecciones sociales mínimas se concentran en los países ricos.
En ese sentido, el informe apunta que los sistemas de protección social fuertes permiten navegar mejor las crisis, pero “solo la mitad del mundo tiene acceso al menos a una prestación” de este tipo, por lo que exige regular mejor los mercados de seguros para ampliar las coberturas.
El informe hace recomendaciones guiadas por una premisa: que debe haber acuerdos internacionales para dar margen de maniobra a los países que necesitan “aliviar sus cargas de deuda” y que puedan desplegar políticas de desarrollo social nacionales.
Otra responsable del DESA, Wenyan Yang, dijo esperar que los países “se ayuden los unos a los otros” en la implementación de la Agenda 2030 en la cumbre de desarrollo social que tendrá lugar a finales del año que viene en Catar.
Destacó el recientemente adoptado Pacto por el Futuro, que concluye que hay “invertir en la gente” para erradicar la pobreza y, por ende, mejorar “la confianza y la cohesión social” tras décadas de incertidumbre que han llevado a buena parte de la población a dudar de la capacidad de sus gobiernos.
No obstante, alertó de que los informes sociales para 2025 auguran que la escala y complejidad de los problemas globales “sobrepasará la capacidad de las políticas e instituciones existentes” para atajarlas.
EFE