La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 5º turno, integrada por la fiscal titular Darviña Viera y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, imputó el sábado 27 de junio a un hombre por "reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".

Se trata de un hombre de nacionalidad argentina de 63 años que fue detenido cuando llegó en Buquebus el sábado. Ese día se llevó a cabo la audiencia de formalización donde se lo imputó por el mismo delito que varios de los otros formalizados en la Operación Océano.

Según informó el periodista Antonio Ladra, se trata de un ciudadano argentino que dirigía el colegio privado St. Clare, de Punta del Este, fundado en 2004 (a cargo hoy de un familiar directo).

Un comunicado del colegio, también publicado por Ladra, aclara: "En vistas de las distintas versiones que se encuentran circulando, la institución manifiesta que la persona mencionada en las noticias no está vinculada a la dirección del colegio".

Entre los formalizados hay varios empresarios y también figuras vinculadas a la educación y la docencia.

Ante este caso, Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), dijo a la diaria que hubo "una omisión" de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) "en la protección de los derechos de los estudiantes de la enseñanza privada".

Acotó que no se garantiza a los alumnos un protocolo con medidas de protección y de auxilio ante el acoso sexual. Agregó que si este hombre era responsable de un colegio privado y fue formalizado en el marco del caso por explotación sexual de menores, quiere decir que "el zorro está adentro del gallinero".

"La ANEP puede cerrar un colegio privado, sin embargo, no tiene ningún instrumento para que los estudiantes de cualquier parte del país que sufren acoso sexual sepan a dónde recurrir y qué garantías tienen", apuntó Sommaruga.

Esta mañana, la fiscal Darviña Viera dijo a Informativo Sarandí que se han sumado más víctimas en los últimos días. Manifestó que no ha visto síntomas de arrepentimiento en los formalizados y acotó que la mayoría se escuda en no saber que las adolescentes eran menores.