El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y
vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y
otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de
los derechos humanos de la población, que constituyen crímenes de lesa
humanidad.
A esta conclusión ha llegado un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU
que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a
partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado hoy a la prensa
en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de
seguridad de Nicaragua cubren un espectro muy amplio de abusos, tales como
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia
sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar
en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de
conciencia y religión.
“Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo
cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un
arma de persecución contra la población”, declaró el presidente del grupo, Jan
Simon.
Ultima estrategia: retiro de la nacionalidad
A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación
del derecho a la nacionalidad y la de permanecer en el propio país.
El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a
316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De éstas, 222 fueron
expulsadas del país.
”Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro.
Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las
pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal
de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir”, explicó a EFE
la experta del grupo Angela Buitrago.
De hecho, la pareja presidencial ordenó la “muerte civil” de esas personas, ya
que además de privarlas de una nacionalidad, las ha eliminado de los registros
de nacimientos y ha confiscado abusivamente sus propiedades y otras
pertenencias.
Estado al servicio de la pareja Ortega-Murillo
El grupo de expertos confirmó que para perpetrar la
multitud de crímenes de los últimos cinco años contra la población “una
variedad de actores e instituciones” siguieron las órdenes emanadas de la
Presidencia y de la Vicepresidencia contra todo aquel con una postura diferente
a la del gobierno o que podía ser sospechoso de criticarlo.
Entre los hechos que el grupo ha podido determinar está que la Policía y grupos
armados progobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, y
esto siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes
territoriales del partido de Ortega.
Sobre la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de la protesta
social, el informe reconoce que se requieren investigaciones adicionales, pero
Simon dijo que no puede caber duda de que la institución armada actúa —como todo el resto del aparato
público— con el fin de mantener a la
pareja presidencial en el poder.
Por otra parte, el informe indica que hay 38 personas que se han identificado a
ellas mismas como presas políticas y siguen detenidas.
El grupo de expertos también menciona la cancelación de las actividades de
3.144 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales
e internacionales desde diciembre de 2018 hasta ahora, a través de decretos de
la Asamblea Nacional o por orden del Ejecutivo.
El objetivo, según el informe, “es reconfigurar el espacio cívico y garantizar
el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y
asistencia social”, con el fin de aumentar la dependencia de la ciudadanía y
debilitar su capacidad de organización.
EFE
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