Luego de que el pasado 8 de agosto el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vetara el artículo 72 de la Ley de Medios tras su aprobación, este miércoles el Parlamento no dio el quórum para que sesione la Asamblea General, que tenía como único tema en el orden del día dicho veto del Ejecutivo.
“Visto que notoriamente no hay quórum, la Asamblea General que había sido dispuesta levanta su sesión”, dijo, transcurrido menos de un minuto del comienzo de la sesión, la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien en la tarde de este miércoles quedó sola con los miembros de la mesa.
Este hecho implica que el Poder Ejecutivo pueda promulgar el veto, dado que, de acuerdo con el artículo 139 de la Constitución de la República, “transcurridos 30 días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas”. Esos 30 días se cumplirán esta semana.
El artículo vetado de la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, propuesto por Cabildo Abierto, establecía: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, jurídico, académico y electoral”.
Y añadía: “Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”.
Es la tercera vez que Lacalle Pou veta una iniciativa de Cabildo Abierto. Antes lo hizo con la Ley Forestal y también con el artículo de la Rendición de Cuentas que inhibía a exfiscales penales de ejercer su profesión.
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