El anuncio de Benjamín Netanyahu de que puede formar gobierno junto a sus socios de extrema derecha y ultraortodoxos marca el inminente retorno del primer ministro más longevo de la historia de Israel junto al ejecutivo más extremista registrado desde su fundación.
El nuevo gobierno, pendiente aún de ser ratificado por el Parlamento, estará integrado por 64 diputados de seis partidos distintos: dos ultraortodoxos, tres religiosos y de extrema derecha y el Likud de Netanyahu, que se impuso en los comicios del mes pasado con 32 escaños de una Cámara de 120.
Este Ejecutivo se presenta más sólido y homogéneo que el anterior, que estaba compuesto por partidos de todo el espectro ideológico, y pondrá punto final al bloqueo político que enfrenta Israel desde hace cuatro años, durante los cuales se celebraron cinco elecciones generales.
Por otra parte, Netanyahu recuperará el trono que ocupó durante un acumulado de 15 años (1996-99 y 2009-21), tras pasar más de un año como líder de la oposición, mientras hace frente al juicio en su contra por tres casos distintos de corrupción.
Durante los próximos días se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para la formación definitiva del nuevo gobierno, que incluyen el anuncio oficial ante el Parlamento por parte de su presidente, Yariv Levín, y la posterior jura del ejecutivo a cargo de sus miembros, algo que deberá suceder antes del próximo 2 de enero y que no debería presentar grandes complicaciones.
“Estimado presidente, gracias al enorme apoyo público que recibimos en las últimas elecciones, le informo que he podido formar un gobierno que actuará en interés de todos los ciudadanos de Israel. Y, por supuesto, tengo la intención de establecerlo lo más rápido posible”, dijo hoy Netanyahu al presidente israelí, Isaac Herzog, durante una llamada telefónica pocos minutos antes de que se le acabara el plazo para formar una coalición.
El ahora próximo primer ministro hizo uso de los 28 días que le correspondían por ley tras asignarle Herzog la tarea de conformar un ejecutivo, además de una extensión de 10 días que caducaba esta medianoche.
La composición de este nuevo gobierno ha generado una fuerte controversia, tanto puertas adentro en Israel como de cara a la comunidad internacional.
Esto se debe al polémico historial de varios de ellos, sobre todo de los miembros de las tres facciones de extrema derecha: Poder Judío, Sionismo Religioso y Noam.
El líder de Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ocupará el cargo de ministro de Seguridad Nacional, mientras que Bezalel Smotrich, que encabeza Sionismo Religioso, comenzará ocupando el cargo de ministro de Finanzas y tendrá un puesto con rango de ministro en el Ministerio de Defensa.
Estos partidos incluyen además entre sus miembros a diputados abiertamente racistas antiárabes y homófobos, que ya han adelantado que buscarán avanzar proyectos como la prohibición de las marchas del orgullo LGTBI, la deportación de aquellos que no demuestren lealtad al Estado y un aumento significativo de educación religiosa incluso en escuelas laicas.
Uno de las iniciativas más polémicas que intenta avanzar el nuevo gobierno busca limitar los poderes del Tribunal Supremo y se enmarca en la ofensiva que lidera Netanyahu desde hace años contra el sistema judicial.
Conocido en Israel como la “cláusula de anulación”, este proyecto permitiría que la Knéset (Parlamento) apruebe leyes que contradigan las Leyes Básicas del país –la norma fundamental a falta de una Constitución— y eliminaría la capacidad del Supremo de anularlas.
Esta iniciativa ha sido cuestionada por múltiples miembros de la oposición e incluso fue descrita por la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, como un peligro para la democracia israelí.
La misma fiscal fue crítica de una serie de leyes que busca aprobar el nuevo gobierno antes incluso de su ratificación en el Parlamento y que permitirían la expansión de los poderes de Ben Gvir y Smotrich y la designación como ministro de Interior y Sanidad de Aryeh Deri, líder del ultraortodoxo Shas e inhabilitado para ejercer como ministro tras ser condenado por fraude fiscal.
Estas leyes ya han sido aprobadas en primera instancia y se espera avancen sin dificultades en la Cámara la semana que viene, pero cualquier complicación en este procedimiento podría demorar la ratificación del Gobierno hasta la fecha límite del 2 de enero.
EFE