El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que paraliza temporalmente la tramitación de la polémica reforma judicial para tratar de llegar a un consenso con la oposición, ante la amplia contestación social que ha suscitado las mayores protestas de la historia de Israel.

“Por responsabilidad nacional, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley [de elección de jueces] en esta sesión de la Knéset [el Parlamento] para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio, en preparación para la legislación durante la próxima sesión parlamentaria”, declaró en un mensaje televisado el primer ministro, aunque no abandona por completo el proyecto, que espera salga adelante en los próximos meses.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pactó este lunes con Netanyahu retrasar la tramitación de la reforma judicial varios meses, pero no suspenderla definitivamente, informó su partido Poder Judío.

Ben Gvir, que hasta ahora era el miembro del Gobierno más reticente a pausar esa legislación pese a las masivas protestas, señaló que ha accedido a “una extensión hasta la próxima sesión para aprobar la reforma a través de negociaciones”, informó su agrupación en un comunicado.

La próxima sesión comenzará en mayo, después del receso por la Pascua Judía y se extenderá hasta julio, otorgándole así tres meses al Gobierno para seguir negociando con la oposición.

Poder Judío, partido que integra la coalición de gobierno, indicó que a cambio de esta concesión, Netanyahu garantizó a Ben Gvir la inminente aprobación en la próxima reunión de gabinete de una Guardia Nacional bajo el mando de su ministerio, una de sus exigencias desde hace meses.

Este anuncio llega tras una extensa jornada de manifestaciones en todo el país y la convocatoria de una huelga general de trabajadores, en el marco de un histórico movimiento de protesta que comenzó hace tres meses.

Durante todo el día, según informaron medios locales, el mandatario mantuvo negociaciones con miembros de su Ejecutivo con el fin de encontrar una salida consensuada ante el aumento de la presión en las calles con masivas protesta desde anoche.

El movimiento de protestas no se detiene, con más de 100.000 israelíes manifestándose hoy en Jerusalén frente a la Knéset, y después de que anoche más de 650.000 personas salieran a las calles de todo el país en respuesta al cese por Netanyahu del ministro de Defensa, Yoav Gallant, el primer miembro de su Gobierno en pedir públicamente poner freno a la reforma.

Aunque las protestas comenzaron hace 13 semanas y han ido cobrando cada vez más fuerza, el Gobierno tenía planeado aprobar el grueso de la reforma judicial antes de fin de este mes, pero la semana pasada, en un aparente gesto conciliador, accedió a retrasar algunas de sus leyes a mayo, excepto la ley de elección de jueces, uno de sus puntos más polémicos, que pretendía pasar esta misma semana.

La amenaza de una huelga general

La Unión General de Trabajadores de Israel (conocido como la Histadrut), el mayor sindicato del país, anunció este lunes que si el Gobierno no detiene la reforma judicial, comenzará una huelga general que se extendería a incontables sectores de la economía y a los principales hospitales del país.

La decisión fue anunciada por el presidente de la entidad, Arnon Bar-David, tras dos días consecutivos de masivas protestas contra la reforma judicial y después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cesara a su ministro de Defensa.

“Hice todo lo que pude durante las últimas semanas para evitar esta situación”, dijo Bar-David, tras aclarar que la huelga comenzaría de forma inminente en caso de que Netanyahu no anuncie hoy mismo la interrupción de la reforma.

Algunos de los principales bancos de Israel, como Hapoalim (perteneciente a Histadrut) y Leumi, la compañía eléctrica del país y el ayuntamiento de la ciudad de Tel Aviv, se sumaron este lunes a la extensa lista de entidades adheridas a la huelga convocada en Israel en protesta por la polémica reforma judicial.

A estas instituciones se unieron importantes cadenas gastronómicas como las cafeterías Aroma o los restaurantes McDonald’s, el cuerpo diplomático, empresas productoras de alimentos como Strauss y Tnuva, el colegio de abogados y grandes tiendas como Fox, entre muchos otros.

La huelga, convocada hoy por la Unión General de Trabajadores, busca frenar la reforma impulsada por el nuevo Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, junto a sus socios ultraortodoxos y ultraderechistas de coalición.

En las últimas horas, la unión de trabajadores del aeropuerto internacional de Ben Gurión (Tel Aviv) anunció la interrupción de los vuelos, mientras que varios hospitales, puertos, empresas de alta tecnología, autoridades municipales, centros comerciales y universidades también comunicaron su adhesión a la huelga.

Esto se suma a la decisión de ayer de las universidades del país de interrumpir las clases a partir de hoy, y la amenaza de un grupo de alcaldes y líderes municipales de comenzar una huelga de hambre.

En la mañana de este lunes, el presidente israelí, Isaac Herzog, hizo un llamamiento urgente a Netanyahu, a “actuar con responsabilidad y valentía” y detener “de inmediato” los procedimientos legislativos.

Los organizadores de las protestas convocaron nuevas manifestaciones para este lunes y se espera que una multitud se concentre esta tarde frente al Parlamento en Jerusalén.

La reforma de Netanyahu

La crisis constitucional en la que se ve sumido Israel comenzó cuando el Gobierno de Netanyahu anunciara su plan de reforma judicial, que ya está a estudio en la órbita de la Knéset.

El Gobierno alega que el Tribunal Supremo, históricamente, se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario poner un límite a esos poderes; mientras que los detractores de la reforma aducen que un Poder Judicial independiente es vital para la salud democrática del país, donde los poderes Legislativo y Ejecutivo suelen fundirse al ser siempre la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, con poder casi absoluto para imponer leyes.

Estos son los puntos más controvertidos de la reforma:

1. Elección de los jueces: El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del Gobierno; de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.

La reforma planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, busca ampliar a 11 los miembros del comité y cambiar la composición de este: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al Gobierno una mayoría de seis miembros sobre 11.

Esta es la versión suavizada de la ley de selección de jueces, modificada hace una semana, ya que la formulación inicial daba al Gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto en la elección y destitución de todos los jueces, incluidos los del Supremo. Estaba previsto que se aprobara esta ley en la Knéset esta misma semana.

2. Revisión judicial: Los cambios propuestos buscan frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80% del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.

Este es un punto que incluso algunos detractores de la reforma defienden, ya que muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes, aunque difieren en la forma y defienden que para la aprobación o modificación de leyes básicas sea preciso más que una mayoría simple en el Parlamento.

3. Clausula de Anulación: Se trata de uno de los aspectos que más polémica han desatado, ya que permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes.

Los que se oponen a la ley ven esta cláusula como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial y, por ende, una seria amenaza para la democracia israelí. La propuesta de ley que incluye la cláusula de anulación, que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace dos semanas y su aprobación definitiva se retrasó para mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.

4. Asesores legales de los ministerios: La reforma planteada por el Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.

De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores, lo que para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.

5. Razonabilidad: La reforma pretender limitar el alcance del concepto de “razonabilidad” por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.

Con base en este criterio, el Supremo consideró en enero “irrazonable” el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que este fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.

EFE