"Nada Crece, la organización que se hizo millonaria gracias a las sombras del Estado", así tituló este lunes el programa Así Nos Va de Radio Carve sobre la organización Nada Crece a la Sombra. En el informe, las periodistas Viviana Ruggiero y Patricia Madrid investigaron "ausencia" en la indagación por parte de las autoridades y un "esquema irregular con contratos en negro y calesitas de dinero".

El informe se remonta a fines de 2019, concretamente al 26 de diciembre de ese año, momento en donde el Frente Amplio perdió las elecciones nacionales, la Junta Nacional de Drogas (presidida por el entonces prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo) promovió la firma de un convenio con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) bajo el nombre "Proyecto Nada Crece a la Sombra".

El documento, al que accedió el programa, consignó que el proyecto se entendía como un "eslabón" en el proceso de implementación de la red de atención en drogas y que los firmantes procuraban afianzar un enfoque de género en las instituciones penitenciarias donde contribuirían en alejar del delito a los internos vía promoción y ejecución de medidas socioeducativas.

Además, se estableció que el convenio entraría en vigencia inmediatamente, con una duración de un año y con el detalle que, en caso de incumplirse algunas de las actividades mencionadas anteriormente, sería una causal de "rescisión". También se preveía la creación de un Comité Técnico que tendría duplas del Ministerio del Interior y del INR, algo que -según la investigación- nunca ocurrió.

"El Comité Técnico que estaba previsto que se instalara, jamás se instaló. De hecho, la organización Nada Crece a la Sombra -que en su página web tiene sendos reportes de su actuación en las cárceles correspondientes a los años 2019, 2020 y parcialmente 2021- no consignó en ninguno de sus informes la firma de este convenio, ni abordajes específicos en el marco del mismo", señala el informe de Así Nos Va.

No obstante, informaron que sí se cobraron los recursos económicos dispuestos para la organización, que era de una suma de cinco millones de pesos. Inicialmente se hizo una transferencia de 1.5 millones y al término del 2020 desde Nada Crece a la Sombra reclamó el pago restante a las nuevas autoridades, en este caso, Rodrigo Ferrés.

Para pagar lo que faltaba, Ferrés pidió que el INR se expidiera sobre lo realizado por Nada Crece a la Sombra, lo que llevó al nuevo director de la institución Luis Mendoza a realizar una nota donde "certificaba" que la organización "cumplió tareas socioeducativas y de salud en cárceles desde marzo de 2020" de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Con ese informe, se le pagó el dinero restante.

Según la información recogida, ambas administraciones dieron dinero a Nada Crece a la Sombra "sin que hubiese existido un control de cumplimiento o una evaluación de lo actuado". "La organización sobre fines de 2020 reclamó que se les completara el pago de un trabajo que no hicieron, y ahora que no tienen contrato -porque el contrato se venció- pero sí tienen los 5 millones de pesos en la cuenta bancaria, dicen que están a la espera de que los dejen ejecutar" por parte del Ministerio del Interior, informó Así Nos Va.

El informe de Mendoza "no solo faltó a la verdad", sino que "entreveró" la actividad que debía realizar la organización. En esta línea, las periodistas indicaron que Nada Crece a la Sombra "no trabajó de lunes a viernes en ninguna cárcel" y que no ocurrió en 2018, 2019 ni en 2020. Los contratos de los trabajadores de la organización fueron "zafrales" de seis meses con una prórroga de seis meses más y cada uno percibió 20 mil pesos nominales por 40 horas semanales desde enero de 2018.

Las periodistas informaron que en los primeros tres meses (en 2018), donde debían comenzar los talleres, "ninguno de ellos pisó una cárcel", sino que comenzaron en abril de 2018, donde asistían la centro penitenciario tres veces por semana para realizar talleres de rap, fútbol y radio.

Los contratos

Tras un pedido de informes, la información a la que accedieron las periodistas indica que el Estado en 2018 dio 80 mil dólares por lo trabajado y que se prometió un análisis de su evaluación de los realizado, pero nunca se realizó.

En 2019 y 2020 se pidió nuevamente esa información y además se solicitó que detallaran los contratos firmados entre el Ministerio del Interior y los integrantes de la organización entre 2019 y 2020, así como los ingresos y salidas al exComcar y a la Cárcel de Mujeres (Unidad Nº5).

Sobre el cumplimiento de los contratos, el informe señala que entre abril y setiembre del 2019 los ingresos fueron habitualmente a diario, pero que ninguno cumplió el contrato laboral del trabajo zafral. Por ejemplo, uno de los contratados "jamás pisó el exComcar" en todos los meses y otro lo hizo un solo día (sociólogo de profesión).

El sociólogo fue el autor de un informe que la organización elaboró a fines del 2019 para "mostrar su desempeño". En concreto, las reporteras reconocen que "el Estado pagó a Nada Crece a la Sombra su propio técnico para que labore una autoevaluación".  

Entre enero y abril del 2020 (tras renovar el contrato de 2019) el único ingreso de integrantes de Nada Crece a la Sombra que registró la guardia del exComcar fue el 14 de enero donde ingresaron tres personas, que dos de ellos no tenían contrato firmado. No obstante, nueve contratados por el Estado no fueron al centro penitenciario durante el primer trimestre de 2020 de acuerdo a los registros del Ministerio del Interior al que accedió el programa.

El 13 de marzo del 2020, con la nueva administración del entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga, se renovó una vez más el contrato de Nada Crece a la Sombra. A partir de mayo y por un lapso de seis meses el Interior volvió a firmar contratos de ocho integrantes.

"Recordemos... la última visita registrada en la puerta del Comcar había sido el 14 de enero de 2020. ¿Y qué pasó, pandemia mediante y nuevos contratos vigentes? Exactamente lo mismo. El descanso -y obviamente el cobro del salario- del primer trimestre del año se perpetuaron en el tiempo. Ni en Mayo, ni en Junio ni en Julio hubo registro de ingresos de Nada Crece a la Sombra en el Comcar, de acuerdo a los registros del propio Ministerio del Interior", señala el informe.

¿El cierre?

Finalmente, las periodistas destacaron que hace dos meses parece haber llegado el final del vínculo de la organización con el Estado, al menos en los contratos. "Los últimos contratos que estaban vigentes vencieron, y el Ministerio del Interior resolvió no renovar ninguno ni firmar nuevos contratos zafrales para la realización de tareas socioeducativas en cárceles", señalaron.

Según Así Nos va hay varias razones por las cuales se termina el contrato: una técnica, y la otra política. El informe señala que Larrañaga "intentó navegar" hacia el final del vínculo sin "levantar olas" porque "no querían comprar un problema", y, además, la subdirectora nacional del INR, Lourdes Salinas, escribió un reporte con "fuertes objeciones" hacia los trabajos de Nada Crece a la Sombra.

"En el tiempo que han desarrollado sus actividades no se han observado efectos de las mismas, como por ejemplo una baja de los niveles de conflictividad en las unidades", reconoce el informe de Salinas, consignado por el programa radial.

"Desde la Subdirección Técnica (del INR) se sostuvo además que las actividades de Nada Crece a la Sombra 'en ocasiones puede llegar a ser una excusa para ingresar a las unidades para luego volcar información en los medios de comunicación'. Y sin dudas... si hubo algo que a lo largo de los años ha sido una constante fue la presencia de la organización y su vocería en los medios de prensa, al punto de calificarlos de 'expertos en materia carcelaria'", concluye el informe.

La versión de Legrand

La representante y una de las caras visibles de Nada Crece a la Sombra, Denisse Legrand, dialogó este lunes sobre esta situación en radio Metropolitana y dio su versión de los hechos. En primer lugar, aseguró que le pareció "llamativo" que se de esta información esta semana, pero reconoció que es un buen momento para terminar de intentar generar un "intento de deslegitimación".

"Parte de lo que se plantea en el informe y ahí me parece que se habla desde el desconocimiento del sistema, porque se nota la carencia de los registros del sistema. Parte de lo que tenemos es el libro en el que se hace mención en el registro. Si será vulnerable el ingreso a las cárceles que ingresan armas de fuego y eso pasa. Entonces sí, claramente los registros son insuficientes, necesitamos urgentemente fortalecer esos registros para saber quién entra, quién sale, cómo ingresa y con qué se retira. Convivimos en la precarización laboral hace muchísimos años, hace dos años que no cobro mi sueldo", aseguró.

 A su vez, confirmó que se firmaron 10 contratos que "nutría" a toda la organización, no obstante, había 25 personas que conformaban el grupo de trabajo, por tanto, señaló que cada persona donaba el 25% de su sueldo para que cobren otros de sus compañeros.

 "Así nos fuimos sustentando, viviendo en la precarización absoluta, que es una dificultad. Lo que sucedió es que cerraba la gestión del gobierno y desde la junta (de drogas) se nos convocó para plantearnos que había un excedente y antes de que fuera a Rentas Generales se nos planteó poder derivarlo al trabajo en cárceles", aseguró.

"La cuenta del Banco de Crece a la Sombra es de 3.620.060 pesos. Ese dinero está quieto, sin ejecutarse porque durante todos estos meses le hemos reclamado que pongan en juego el convenio y necesitamos ejecutarlos y que se cumpla con ese convenio", agregó, y explicó que el incumplimiento del convenio está en el Ministerio del Interior ya que es el responsable de hacer dos cosas: permitir el ingreso a las unidades carcelarias y generar un comité para el control del gasto.

"Viendo la jugada le dijimos que esta plata no la vamos a gastar, va a estar en el banco hasta que nos digan qué se va a hacer, cómo se va a monitorear el gasto y cómo se va a rendir. Así está el fondo público en la cuenta de una organización porque no nos permiten trabajar. Todo el resto del enchastre habla de personas que no conocen la cárcel, que no conocen los registros y no es la primera vez que pasa", indicó.

"Nos da una oportunidad para reclamar algo que hasta ahora veníamos haciendo puertas adentro, que es que nos dejen trabajar, porque tenemos fondos públicos que tenemos que ejecutar y que esos fondos están en la cuenta de una organización que no va a tocar hasta tanto no haya una completa regularización de los métodos de trabajo y eso es muy importante", añadió.

Finalmente, sobre los contratos, Legrand contestó: "Los contratos talleristas zafrales tienen 40 horas semanales. Cuando el Ministerio del Interior nos ofrece estos contratos, nosotros les planteamos que somos 25 personas, ellos nos dicen que como máximo puede ser ocho. Le planteamos la cuestión de que necesitamos pagarle al resto y nos dicen que eso es acuerdo interno, que lo asumen. Entendemos que si tenemos 17 personas que trabajan a la par, estamos hablando de un cumplimiento mucho mayor de 8 horas. Es el mismo esquema que utiliza Pelota al Medio a la Esperanza. Como se entiende que son contratos extremadamente precarios, son contratos que no controlan las horas, sino la ejecución. Estamos muy tranquilos que hicimos muchísimas más horas que lo que establecían los contratos".

"Si vamos a hablar de horas, nosotros estamos bastantes pasados y sabemos varios de nosotros que hace ya dos años no cobramos los salarios y trabajamos las mimas horas que los compañeros que sí cobran salarios", concluyó.